Unidades nuevas no se usarán en tareas ajenas a la persecución de delitos: Adrián López Solís

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Para fortalecer la persecución del delito en Michoacán, un total de 150 unidades vehiculares fueron entregadas a la Fiscalía General de Michoacán (FGE) para el equipamiento de la Policía Investigadora.

En el estado se requieren al menos 200 patrullas de características específicas para cumplir con la tarea de investigación de los distintos tipos de delitos. Debido al desgaste natural de las unidades y otros percances, la vida útil de las antiguas unidades se fue acabando.

Durante la entrega de las unidades, el fiscal Adrián López Solís aseguró que no se permitirá que las unidades se usen para otras tareas ajenas a la persecución de delitos. En nuestro estado se tiene un registro de más de 60 mil carpetas de investigación en el último año con una tendencia al alza, por lo que advirtió que la investigación y judicialización son tareas que van prácticamente de la mano.

“Todos serán destinados a las tareas operativas exclusivamente. Estaremos emitiendo los siguientes días unos lineamientos para tener claro para qué son los vehículos, no vamos a permitir que estos vehículos sean utilizados para labores distintas a la investigación y persecución de los delitos, que es la razón de ser y la tarea esencial de la Fiscalía General del Estado. Desde hace cinco años, la entonces Procuraduría y ahora Fiscalía General del Estado no tenía una dotación de vehículos utilitarios en la magnitud, en la dimensión de lo que ahora estamos viendo”.

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Adrián López Solís, fiscal General del Estado.

El trabajo de investigación para la Fiscalía sigue creciendo, y con ello, la necesidad de mayor presupuesto, mejora de las condiciones laborales y equipamiento para sus funcionarios.

Sólo por mencionar uno de los principales temas, en 2019, al igual que a nivel nacional, Michoacán enfrentó un aumento en el número de homicidios dolosos, al pasar de mil 359 carpetas en el 2018, a mil 665 carpetas para el 2019, lo que representa un incremento de 306 carpetas, 22 por ciento más respecto al año anterior. Por lo anterior, el número de víctimas por este delito también aumentó; en 2018 se registraron mil 634, mientras que en el 2019 se contabilizaron 2 mil 62 víctimas.

No sólo fueron los homicidios en donde se detectaron incrementos importantes en cuanto a la incidencia delictiva se refiere. En términos generales, hay un incremento en lo que respecta a 2019 contra 2018 y una tendencia al alza en los primeros dos meses de 2020. En total, durante 2018 fueron determinadas 57 mil 267 carpetas, mientras que para 2019 la Fiscalía General del Estado determinó 61 mil 598 carpetas, lo que significó 4 mil 331 carpetas más que el año anterior, es decir un 7.5 por ciento de incremento.

Durante 2018, la entonces Procuraduría judicializó 2 mil siete carpetas, lo que equivale al 3 por ciento de carpetas determinadas en esa anualidad. Para 2019 se judicializaron 2 mil 738 carpetas, esto significó un aumento de un 36 por ciento de carpetas judicializadas respecto al año anterior. Este aumento de judicialización en 2019 significó pasar al 5 por ciento de las carpetas determinadas para este año, este incremento también representa el 8 por ciento del total de carpetas registradas en el año que se informa.

En total, en cuanto a delitos de alto impacto, en 2019 se iniciaron 10 mil 544 carpetas 762 carpetas menos con relación a 2018, año en el que se registraron 11 mil 306 carpetas. Por el total de delitos de alto impacto, en 2018 Michoacán se ubicó en el lugar 11, mientras que en 2019 nuestra entidad pasó a ocupar el lugar número 12.

Con base en el panorama anterior, López Solís precisó la urgencia de mejorar en términos operativos la Fiscalía General de Michoacán a más de un año de su creación.

“Para que los peritos sean quienes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la investigación y persecución de delitos, en particular aquellos que por su impacto nos están generando una situación de zozobra, una amenaza de riesgo, una perturbación a la tranquilidad, y para superar situaciones de ese tipo, se requiere que nuestras áreas operativas actúen con toda la fuerza que el Estado y la ley les permite", explicó.