Ven viable un ‘pacto de paz’ que ponga fin a la guerra entre grupos delincuenciales

Ante la incapacidad del estado para enfrentar al crimen organizado, la CEDH ve en el ‘diálogo’ con grupos criminales una salida a la violencia.

Foto: Christian Hernández La Voz de Michoacán.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Con base en el daño generado al tejido social durante más de 30 años de crisis de violencia, en Michoacán es urgente un “pacto de paz” o de “civilidad” que ponga fin a la guerra entre grupos delincuenciales, opinan en la CEDH. Desde la Sierra Costa hasta el Oriente michoacano y desde la Ciénega de Chapala hasta la costa de Lázaro Cárdenas, la violencia y la pugna entre grupos delincuenciales se han arraigado a pesar de las estrategias armamentistas de seguridad de los últimos 20 años.

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En el contexto del debate nacional sobre propuestas para pactar, negociar y dialogar con grupos delictivos desde las instituciones del estado mexicano, Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), urgió a que se fijen posturas en pro de la paz.

El ombudsman señaló la narcocultura, la pérdida del valor de la vida en la narrativa social y otros fenómenos como los principales factores que inciden en mantener las condiciones actuales desde el ámbito de la competencia social.

Tras aclarar que todo delincuente debe estar tras las rejas, detalló que una política de justicia restaurativa y atención a los sectores afectados son necesarias para acabar con la tendencia de violencia arraigada en la actualidad.

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“Lo que sí requerimos es un pacto de paz y de civilidad. Que por lo menos se les permita, si el estado no cuenta con los recursos financieros, que por lo menos no estén agrediendo... Esto es muy importante en la justicia de paz y justicia restaurativa. A través de procesos largos de recuperación, podemos alcanzar la paz. Lo cierto es que tenemos una cultura de narcocorridos y de que la vida humana no vale nada”, explicó.

Un tema que se encuentra sobre la mesa refiere a la justicia transicional como mecanismo para que los grupos delincuenciales puedan capitular y acercarse a la senda de la civilidad.

El propio Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, y organizaciones civiles han puesto el tema sobre la mesa en el ámbito local, con la aclaración de que se busca que todos los delincuentes dejen las armas y se entreguen a cambio de reintegrarse a la sociedad una vez hayan pagado al menos una parte de sus delitos.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a un “pacto de paz” con las bandas delincuenciales.

En concreto, la propuesta emanó de asociaciones civiles que pusieron sobre la mesa el concepto de “pacto de paz” con los nueve cárteles del crimen organizado que mantienen su hegemonía en todo el territorio nacional.

Se advierte que el fenómeno de la violencia ha alcanzado niveles irracionales, con miles de desaparecidos, homicidios y otros perjuicios a la sociedad mexicana que ya tienen hasta 30 años de antigüedad.

“Sobre esto, estoy de acuerdo. Ojalá se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque afecta a todos. Hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan contra fuerzas armadas o policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas armadas y policías, hay pérdida de vidas humanas de gente inocente”, manifestó el presidente.


Narcocultura, sin cabida en Michoacán

La CEDH exhorta a los gobiernos a revisar los contenidos de la narcocultura, la apología del delito y la violencia en espacios públicos y educativos.

Después de que se dio a conocer que al menos una ciudad del sur del país prohibió los bailes de narcocorridos, el ombudsman Marco Antonio Tinoco Álvarez señaló que dicha medida se puede aplicar desde el espacio público en el respeto a las autonomías de los municipios.

Explicó que en el ámbito educativo tanto los narcocorridos como el perreo tendrían que estar completamente restringidos, mientras que en los espacios públicos, como los bailes y eventos que requieren licencias, se tendría que supervisar. Aseguró que los mensajes y el contenido de la música afectan la percepción del valor de la misma, fomentan la violencia y el consumo de drogas en las nuevas generaciones e incluso en las actuales.