De 2019 a este año se duplican las agresiones a periodistas y comunicadores en el estado

En lo que va de 2020 suman 8 denuncias por agresiones, frente a las 4 presentadas durante 2019; este año se asesinó a 2 periodistas

Foto: AP, Archivo.

Arturo Molina

La violencia contra periodistas y comunicadores sigue al alza en cuanto a denuncias se refiere. Luego de que esta semana se conmemoró el Día de los Trabajadores de la Radio y la Televisión, trascendió que en lo que va del año ya son el doble de denuncias por agresiones respecto al año pasado.

Información de la Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, adscrita a la FGE, revela que en los primeros 8 meses de este año ya suman 8 denuncias por parte de periodistas en funciones que denunciaron agresiones o que fueron víctimas de atentados mortales.

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En todo 2019 se registraron únicamente 4 denuncias en la entidad, mismas que siguen su curso de investigación sumadas a las 8 que se han presentado durante los primeros 8 meses de este 2020.

Fue a inicios de este año cuando se anunció la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y en Libertad de Expresión, encabezada por la especialista Janeth Mondragón, justamente a un año, de que en 2019, el Congreso de Michoacán aprobó la creación de este organismo al interior de la Fiscalía, que fuera garante en el combate a la libertad de expresión y, sobre todo, contener las agresiones a periodistas.

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En lo que va del año, al menos 2 comunicadores han sido víctimas de homicidio, en tanto que otra cantidad importante han sido víctimas de agresiones relacionadas con la actividad del ejercicio informativo.

A inicios de este 2020 trascendió el homicidio del caso de Fidel A., quien fuera gerente comercial y locutor de la radiodifusora Ké Buena, en el municipio de Huetamo. En ese contexto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) advirtió que los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación constituyen una flagrante violación a la libertad de expresión y se deben redoblar esfuerzos y coordinar acciones para que casos de esta naturaleza no sigan ocurriendo.

Apenas durante el mes de mayo de este año, un fotoperiodista de esta casa editorial fue agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado cuando se encontraba capturando imágenes de los filtros sanitarios que se instalaron en las avenidas principales de la ciudad capital. A pesar de que el fotógrafo se identificó como trabajador de La Voz de Michoacán, los elementos mantuvieron la agresión, de la que hasta el momento no se han dado a conocer consecuencias o sanciones contra los hechores.

Para el mes de julio, un periodista de la región Oriente de Michoacán documentó a través de una trasmisión en vivo de sus redes sociales el momento en que elementos policiales, también del estado, lo arrestaron por documentar un homicidio. En la comunidad de San Felipe de los Alzati, a los elementos no les importó que el reportero estuviera a decenas de metros de distancia de la zona de acordonamiento, por lo que fue detenido por su actividad periodística.

Los homicidios y agresiones no se detuvieron ahí. En agosto de este año otro periodista fue asesinado en el municipio de Uruapan. Luis Eduardo O., fue ultimado a balazos en una colonia de dicha municipalidad por sujetos aún no identificados. A pesar de su larga trayectoria en medios de comunicación y difusión institucional, los primeros datos que dieron las autoridades locales fueron la insistencia en que el joven de menos de 30 años ya no se desempeñaba como periodista al momento de la agresión que le costó la vida.

A pesar de que se ha determinado que los delitos en agravio de periodistas deberán ser atraídos directamente hacia la Fiscalía General de la República por su naturaleza, hasta el momento la FGR no ha revelado cuántos de los 12 casos registrados en los últimos 20 meses estarían siendo investigados, incluidos los homicidios.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Establece que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.