Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Tras la detención de 5 personas relacionadas con la ejecución extrajudicial de 4 habitantes de Arantepacua el 5 de abril de 2017, entre ellos un estudiante de Colegio de Bachilleres, los presuntos implicados aún no rinden su declaración formal y 11, entre ellos Silvano Aureoles Conejo, siguen prófugos, informó Carlos Torres Piña, fiscal General del Estado. En entrevista colectiva, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que entre los detenidos están Jorge “N”, quien fuera director de Tránsito del estado, y Carlos “N”, que se desempeñaba como director del Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público (AROP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Los otros 3 detenidos eran agentes de la dependencia. Cuestionado sobre si, al tratarse de mandos policiacos con un grado de cercanía al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, podrían aportar datos que permitan dar con el paradero del exmandatario prófugo, Torres Piña mencionó que los detenidos el pasado 10 de abril solicitaron duplicidad de término, por lo que se reservaron su declaración, la cual realizarán este miércoles durante la primera audiencia. En cuanto a los otros 11 involucrados, entre los que figuran Aureoles Conejo y el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, señaló que “son 16 órdenes de aprehensión, como lo hemos informado; seguimos dándole seguimiento a las otras 11, que podamos irlas cumplimentando conforme van avanzando las propias técnicas de investigación, de localización que se tienen”. Cabe recordar que, según palabras del gobernador, Alfredo Ramírez, Bedolla, Silvano Aureoles se escondía en el estado de Jalisco, pero consiguió salir del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación y hoy es buscado por la Interpol. El Estado contra la población El 4 de abril de 2017, debido a un añejo problema agrario con la comunidad de Capácuaro, un grupo de 38 comuneros de Arantepacua había viajado a Morelia para sostener una reunión con autoridades de Michoacán, encabezadas por Adrián López Solís, secretario de Gobierno. Tras el encuentro, los pobladores abordaron el autobús en el que se habían trasladado desde Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Cuando la comitiva se dirigía de regreso a su pueblo, un grupo de policías estatales detuvo el autobús, golpeó a sus ocupantes y los trasladó a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Sin motivo aparente, los 38 comuneros fueron agredidos y acusados de robar el autobús y de secuestrar al chofer, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al día siguiente, el 5 de abril, la comunidad envió a un segundo grupo para exigir la liberación de sus representantes y bloqueó la Carretera Federal 14D para protestar contra la actuación policial. La respuesta de los agentes de la SSP derivó en un trágico episodio que aún duele a los pueblos originarios. Juan Bernardo Corona Martínez, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), recibió una llamada anónima la noche del 4 de abril de 2017 en la que le advirtieron que los habitantes de Arantepacua habían retenido varios vehículos, al igual que a dos personas. Con dicha información en sus manos, el gobierno estatal, a través de la SSP y la Procuraduría, desplegó un operativo que involucró a 300 elementos —incluidos 200 miembros del Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público— y diversas unidades, entre las que destacaron un helicóptero y un vehículo blindado pesado tipo Rhino. Aunque los testimonios recogidos por la CNDH difieren respecto a la hora en que el contingente policial llegó a la comunidad, se estableció que, al notar la cercanía del convoy, los pobladores que bloqueaban la carretera lanzaron cohetones al aire para pedir ayuda ante la posibilidad de ser desalojados. Para dispersar a los comuneros durante su ingreso a Arantepacua, los policías usaron gases lacrimógenos. Los primeros disparos de arma de fuego se comenzaron a escuchar minutos después, aunque la CNDH ha explicado que no hay certeza sobre quién las accionó primero. Durante las primeras dos horas del operativo, el personal policiaco detuvo a 10 personas. Según el informe de los agentes, se trataba de comuneros que se encontraban en la vía pública "en posesión de armas de fuego", pero después se documentó que, en realidad, la mayoría de los detenidos estaban en sus domicilios. "Los policías arrojaron gases lacrimógenos y realizaron disparos al interior de las viviendas con la finalidad de que las personas salieran y fue en ese momento que se realizaron las detenciones", estableció la CNDH. En algún momento, la SSP reclasificó la situación como un "enfrentamiento con grupos armados", por lo que solicitó apoyo de las corporaciones de los municipios aledaños. En este contexto, se identificó la presencia de agentes ministeriales armados, vestidos como civiles y a bordo de camionetas blancas, además de un helicóptero azul que dotó de más armas y municiones a los elementos en tierra. Al reconstruir el caso, la CNDH determinó que el primer lesionado por disparo de arma de fuego fue un policía estatal, mientras que el primer civil asesinado fue agredido por un agente con un arma larga. La víctima, quien no había accionado ningún arma, murió poco después de haber sido trasladado al Hospital Civil de Uruapan. Las detonaciones, agresiones y el lanzamiento de gases lacrimógenos se extendieron por aproximadamente tres horas, según los datos proporcionados por la Comisión. El saldo de aquel operativo fue de un agente y cuatro comuneros muertos, 37 personas lesionadas y actos constitutivos de tortura contra las 10 personas detenidas. Morir con el uniforme de Cobaem Uno de los muertos a manos del Estado fue el adolescente Luis Gustavo Hernández Cohenete, de 16 años, estudiante de cuarto semestre del Colegio de Bachilleres, quien murió portando el uniforme de la escuela mientras trataba de huir de los disparos, pero fue alcanzado por una bala en el torso y dos en la frente. Un día antes, Luis Gustavo preparaba su participación en el torneo de futbol de su escuela y tenía una cita para un corte de cabello en una estética de la comunidad vecina. Mientras iba por el camino se topó con los granaderos e intentó correr, luego su cuerpo fue encontrado golpeado y con tres impactos de bala. Sus vecinos lo describen como alegre, deportista, catequista y buen amigo. Luis no jugó más, el viernes 7 de abril lo enterraron con sus tenis y sus libretas. Un segundo joven asesinado es José Carlos Jiménez Crisóstomo, de 25 años, estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y exmorador de la Casa del Estudiante 2 de Octubre. La tercera persona asesinada es el comunero Francisco Jiménez, de aproximadamente 70 años de edad, quien quedó tendido en el piso con el pecho ensangrentado a consecuencia de los impactos de bala. A un lado de su cuerpo se encontraba un machete con el que pretendía persuadir o defenderse, pero no podía competir contra las armas de fuego. Por último, la mañana del viernes 7 de abril falleció Crisanto, de 39 años de edad, quien se encontraba hospitalizado porque tenía heridas de bala en el cuerpo. Sambenitos de Silvano Es de recordar que Aureoles Conejo, último gobernador perredista, y su titular de la SSP, Bernardo Corona, son buscados por la Fiscalía estatal desde 2023, al haber órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desfalco millonario del erario público tras la construcción a sobreprecio de cuarteles de la entonces Policía Michoacán durante su mandato, de 2015-2025. Por dicho desfalco, elementos de la Fiscalía ya detuvieron a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Aureoles; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado (director) de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
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