Aprueban la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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El Congreso local aprobó en sesión extraordinaria y por mayoría de votos (35), la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual tiene como propósito establecer la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como  la coordinación del Estado y sus municipios, y de ambos con la federación.

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Es así que la normativa elaborada por las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y de Justicia, permitirá la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acorde con los nuevos requerimientos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la inclusión de la ciudadanía en la toma decisiones e implementación de políticas públicas en materia de seguridad.

Con ello se tendrá que conformar un Consejo de Participación Ciudadana el cual estará integrado por representantes de todos los sectores de la sociedad como el académico, turístico y empresarial, así como por integrantes de las comunidades indígenas. El Consejo será el órgano consultivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que deberá vigilar las políticas públicas en materia de seguridad pública y procuración de justicia,  así como del cumplimiento de las diversas disposiciones en la materia.

La coordinación de los ayuntamientos con el Estado, se refiere a que los municipios podrán celebrar convenios con el Gobierno de Michoacán para que presten servicios en esta materia, estableciendo la autoridad que asumirá el mando, o bien, convenir que el Estado los asuma totalmente en forma temporal cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, fijando los mecanismos,  medios, recursos, atribuciones y demás elementos y condiciones que se requieran.

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En entrevista, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, José Bertín Cornejo Martínez, destacó que  con la aprobación de la normativa, se le dará certidumbre a los elementos policiacos para que puedan acceder y promoverse al interior de la corporación. Señaló que con ello habrá una delimitación muy clara de las funciones que tendrán los uniformados.

Asimismo, el legislador priista resaltó que se instalará un centro de alto nivel para la prevención del delito, como los que existen en otros estados del país como en Nuevo León, Colima y Chihuahua, para que la ciudadanía pueda denunciar y acceder a programas que permitan la prevención del delito.

Detalló que la conformación del Consejo Ciudadano -el cual tendrá que integrarse a la brevedad posible por académicos, habitantes de comunidades indígenas y de la sociedad civil- servirá para operar la adquisición y compra de armamento y unidades  de transporte, con la finalidad de que no haya corrupción a la hora de realizar las compras.

“(Con esta nueva Ley) homologamos muchos artículos de la Ley Federal de Seguridad Pública para que esta pueda ser homologada y aplicada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Tiene la creación de la Policía Procesal, la cual estará al pendiente de que se cumplan las disposiciones de los jueces”, manifestó.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Selene Vázquez Alatorre, resaltó que con esta Ley, el Sistema Estatal de Seguridad Pública se homologa a los esquemas federales, otorgando facultades a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que intervenga desde el primer “eslabón” de un sistema penal.

Entre los aspectos a favor de los municipios, puntualizó que se reglamenta que el Mando Unificado, no deberá estar por encima de la Ley, respetando los recursos de los municipios y que sean los ayuntamientos quienes puedan decidir a quién contratan, así como que puedan disponer de sus fondos, ya que los convenios que proponía la SSP afectaban el patrimonio local y los recursos federales que tendrían que llegar de manera directa a los municipios.

“Hay una nueva dirección de medidas cautelares que no existían en la Secretaría de Seguridad Pública y también se establecen espacios para la atención de víctimas, para vincularla con la Ley de Víctimas que estamos por sacar, y también se establecen los medios alternativos de solución de problemas antes de llegar a un juicio”, comentó.