Otra vez la Auditoría Superior de Michoacán es 'una agencia de colocación'

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Foto: La Voz de Michoacán. Representantes del sector empresarial y organismos de profesionistas en Michoacán anunciaron la instalación de un Frente Único contra el incremento y la creación de nuevos impuestos en la entidad.

Javier Favela/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Los diputados han convertido a la Auditoría Superior de Michoacán en una agencia de colocaciones de recomendados, lo que pone en entredicho la autonomía del órgano técnico del Congreso a la hora de fiscalizar a fondo a los 112 ayuntamientos y a los 3 poderes del Estado, condescendió Eduardo Orihuela Estefan, líder parlamentario del PRI, al presentar la agenda legislativa del tricolor.

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Al arreciar la versión del reparto de 90 cargos internos de la Auditoría Superior entre los 40 nuevos legisladores, Orihuela solo acertó a pronunciarse por cuidar el ingreso de perfiles adecuados para no pervertir al órgano garante de la rendición de cuentas. Deslindó que el PRI hubiera preferido iniciar con la armonización del marco jurídico, pero los líderes de las demás bancadas “nos ganaron la votación” dentro de la Junta de Coordinación Política.

A su vez, Marco Polo Aguirre, presidente de la comisión inspectora de la Auditoría Superior, subrayó que el próximo 8 de diciembre de la presente anualidad vence el período de 7 años de José Luis López Salgado al frente del órgano técnico del Congreso, por lo que “ya estamos construyendo la ruta” para la renovación en la titularidad. En ese sentido, informó que ya hay anteproyecto de convocatoria para empujar que el mejor perfil quede al frente de la fiscalización.

Aseguró que los coordinadores parlamentarios han definido como prioritaria la modernización administrativa de la Auditoría Superior.

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Sobre el mercadeo de plazas dentro de la Auditoría, Aguirre terció: “yo no estoy de acuerdo en cómo se determinó ese tema. Ahora hay que cuidar que entren los perfiles adecuados en cada puesto”.

Según dijo, la Auditoría Superior tiene un gran peso dentro del sistema estatal anticorrupción, y admitió que tal órgano requiere un marco jurídico robusto “para atar manos y evitar tentaciones