Uno de los cerros más importante de Morelia, el que capta agua, está en tus manos; inician consulta para declararlo protegido

El cerro del Águila también tiene escurrimientos hacia el lago de Pátzcuaro, hacia donde hay manantiales vitales para una gran cantidad de poblaciones asentadas en el valle que se localiza entre Lagunillas y Tzintzuntzan

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Gobierno de Michoacán pone a consulta pública el Estudio Técnico Justificativo para el decreto del Área Natural Protegida (ANP) Cerro del Águila, que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma); los lugares donde se puede consultar son los estrados de esta dependencia estatal, el Periódico Oficial del Estado (POE), y las oficinas de gobierno de los municipios de Morelia y Lagunillas. Estará disponible durante un plazo de 30 días.

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El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, recordó que este decreto busca, entre otros alcances, proteger las zonas de recarga de agua para la región del manantial de la Mintzita, una fuente de abasto para el 40 por ciento de la población que vive en la capital michoacana y la zona de Santiago Undameo, tenencia de Morelia.

“El cerro del Águila también tiene escurrimientos hacia el lago de Pátzcuaro, hacia donde hay manantiales vitales para una gran cantidad de poblaciones asentadas en el valle que se localiza entre Lagunillas y Tzintzuntzan; por eso, reconociendo esta importancia en la cosecha e infiltración de agua, nuestro Gobernador está dando impulso a este decreto”, expuso.

En el estudio técnico se pueden conocer detalles como el trazo poligonal de las 3 mil 414 hectáreas, un listado de especies de los diferentes reinos de seres vivos que se han registrado en la zona, descripciones de los ecosistemas, las condiciones de la superficie boscosa, las vertientes de los escurrimientos de agua y las curvas de nivel que tiene el cerro del Águila, entre otras características.

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Este documento también ofrece un análisis sobre el estado de conservación de los ecosistemas, de especies o fenómenos naturales, y la influencia de las actividades antrópicas implícitas, como incendios forestales, cambio de uso de suelo y deforestación, teniendo consecuencias directas en la erosión del suelo, reducción en la calidad y disponibilidad del agua, entre otros factores que se busca atender con el decreto.