Río de Janeiro, Brasil. Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, sentenciado hoy a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción, acusaron al juez Sergio Moro de parcialidad, de condenarlo sin pruebas y de “perseguirlo políticamente”. “El juicio era una mera formalidad para una condena que ya había sido anticipada en diversos pronunciamientos de este juez”, dijo el abogado Cristiano Zanin, en la primera reacción de los defensores de Lula a la sentencia dictada por Moro. “La sentencia materializa la persecución política de Sergio Moro contra Lula”, agregó el abogado, que dijo que recurrirán a la sentencia en segunda instancia. La sentencia “supone una página negra en la Justicia brasileña, y esperamos que sea revertida en las instancias superiores”, aseveró Zanin, que acusó a Moro de ignorar las pruebas presentadas por Lula para probar su inocencia. “De los 962 párrafos que contiene la sentencia, el juez solo dedicó cinco a las pruebas de la defensa”, explicó Zanin. Moro, que dirige en la justicia ordinaria la mayoría de casos de la Operación Lava Jato relativos a la corrupción en la petrolera Petrobras, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. De ser ratificada la condena, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y lidera las encuestas para una eventual elección presidencial en 2018, estaría impedido de postularse en los comicios, por una ley que impide aspirar a cargos de elección a los condenados en segunda instancia en casos de corrupción y otros. El juez halló culpable a Lula de beneficiarse de dinero desviado de la estatal Petrobras por medio de la compra y reforma de un departamento de tres plantas en el balneario de Guaruja, en el litoral de Sao Paulo, que habría sido sufragada por la constructora OAS a cambio de ventajas en licitaciones. Debido a que Moro no ordenó su ingreso en prisión, el expresidente, quien está imputado en otras cuatro causas, podrá recurrir el fallo en libertad ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4). Los abogados de Lula niegan que haya documentos que prueben que el inmueble es propiedad del expresidente, aunque ejecutivos de OAS dijeron a la justicia brasileña que el departamento sí formó parte de las coimas. El exlíder sindical, que se mantiene como uno de los políticos más populares de Brasil por sus políticas de reducción de la pobreza y redistribución de renta en un país con enormes diferencias sociales, también llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Voz de Michoacán
