La Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible (ALDS), una entidad conservadora de Guatemala, acusó hoy a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de extralimitarse en sus funciones. La representante de la ALDS, Carolina Castellanos, dijo que su organización rechaza “totalmente” la convocatoria de la CICIG para reformar la justicia y sus intenciones de promover cambios en la Constitución. Ambos temas, apuntó Castellanos, “competen únicamente a los guatemaltecos”. Dijo que la CICIG, que dirige el exfiscal colombiano Iván Velásquez, se debe enfocar en su mandato de apoyar al Ministerio Público (MP) en la lucha contra la impunidad, la corrupción y las estructuras del crimen que operan desde el Estado. “Reconocemos y agradecemos a la CICIG por sus logros en la lucha contra la corrupción”, pero su función es aumentar las capacidades del MP y fortalecer su institucionalidad, reiteró la dirigente de ALDS, una organización que promueve el Estado de Derecho. La investigación de la CICIG y el MP permitió la desarticulación de una estructura criminal y de corrupción que desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se dedicaba a la defraudación fiscal y contrabando. El caso, conocido como La Línea, llevó a la renuncia y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, luego de numerosas manifestaciones ciudadanas contra la corrupción en la SAT. Las investigaciones de la CICIG han resultado en el procesamiento o encarcelamiento de prominentes funcionarios, políticos y empresarios guatemaltecos, por otros casos de corrupción y hechos criminales. Castellanos afirmó que los titulares de la CICIG, sistema de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la embajada de Estados Unidos, entre otros funcionarios internacionales, “causan inestabilidad política”. Según la dirigente, la inestabilidad se genera al interferir también en la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país, entre otras “acciones intervencionistas”. La CICIG, cuyo actual mandato de dos años finalizará en septiembre de 2017, se instaló en el país en 2007 tras la ratificación de un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Velásquez recién anunció una convocatoria a un diálogo nacional para promover la discusión de reformas al sistema de justicia, que encabezarán los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del MP y de la Corte Suprema de Justicia.
La Voz de Michoacán
