EFE / La Voz de Michoacán La ola conservadora que recorre el mundo ha reabierto el debate sobre el aborto en países donde la marea verde por el derecho a la interrupción segura y legal del embarazo había logrado importantes avances en los últimos años. El aumento de los obstáculos que tienen que sortear las mujeres en Argentina para abortar, los últimos pasos dados por Puerto Rico hacia la criminalización de la práctica, las condenas cada vez más duras a las que se enfrentan las mujeres en El Salvador o la llegada a la presidencia de Chile del ultraconservador José Antonio Kast son algunos ejemplos en Latinoamérica. En Europa, la onda expansiva del antiabortismo está reduciendo las cifras de interrupciones legales en Polonia, Italia, Hungría, Eslovaquia y Rusia; y en Australia el partido ultraderechista One Nation propone reforzar la protección jurídica del feto. El paradigmático caso argentino El caso de Argentina es paradigmático porque es donde se acuñó el concepto de ‘marea verde’ en alusión a los pañuelos de este color que llevaban al cuello los manifestantes que salieron en masa y lograron que en 2020 se aprobara la interrupción voluntaria hasta la semana catorce del embarazo. El triunfo tuvo un impacto simbólico y se extendió a otros países; como también fue simbólico el movimiento en sentido contrario que propició dos años después el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando anuló la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto. Tras esta sentencia, varios estados de EE.UU. endurecieron sus leyes y esta regresión influyó fuera del país. En Argentina, la ley impulsada por la marea verde permitió reducir las muertes maternas vinculadas a abortos, pero con la llegada al Gobierno de Javier Milei empezaron las trabas. El presidente recortó el presupuesto de los programas de salud sexual y reproductiva, y frenó la distribución de medicamentos esenciales para interrumpir el embarazo, como misoprostol y mifepristona. En Chile, donde el aborto está despenalizado en determinadas circunstancias desde 2017, el Gobierno progresista de Gabriel Boric presentó en 2025 un proyecto para legalizarlo sin causales -una de sus grandes promesas de campaña-, pero hay escasas probabilidades de que vea la luz dada la composición del Parlamento. Además, el próximo presidente chileno, el ultraderechista Kast, es un reconocido antiabortista. Por su parte, el Gobierno de Puerto Rico anunció recientemente una medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido. Los dramáticos casos de El Salvador y Filipinas En El Salvador de Nayib Bukele el sistema judicial suele tipificar los casos (incluso abortos espontáneos o emergencias obstétricas) como homicidio agravado, lo que conlleva condenas de entre 30 y 50 años de prisión. Esta interpretación de la ley ha colocado a El Salvador entre los más países más restrictivos, por encima de otros donde la marea verde tampoco llegó nunca a contrarrestar la influencia de la iglesia católica y evangélica, como Honduras, Nicaragua o República Dominicana, con penas para las mujeres de entre uno y seis años. Otro caso extremo es Filipinas, donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre, lo que empuja a miles de mujeres, en muchos casos niñas y adolescentes, a continuar embarazos no deseados. En este contexto, las organizaciones locales de defensa del aborto seguro estiman que «al menos tres mujeres mueren cada día por complicaciones derivadas de abortos inseguros y unas 11 son hospitalizadas cada hora». En el otro lado del espectro, en 2019 la Justicia de Corea del Sur declaró inconstitucional la prohibición del aborto y ordenó a la Asamblea Nacional reformar la ley antes de finales de 2020, pero la modificación no se llegó a materializar, lo que provocó una derogación automática de la norma que lo penalizaba. Desde entonces, el aborto no es ilegal, pero carece de un marco que lo regule. El vacío legal ha derivado en casos dramáticos: el 4 de marzo de 2026, un tribunal de Seúl condenó a tres años de prisión por asesinato a una mujer que se sometió a un aborto entre las 34 y 36 semanas de gestación, según Amnistía Internacional. La acusada dijo que, debido a una afección médica preexistente, no supo que estaba embarazada hasta cuatro días antes del procedimiento. En Polonia, la interpretación de la ley es tan dura que ha habido varias muertes de mujeres en hospitales por el miedo de los médicos a practicar un aborto sin cumplir estrictamente con la ley y esperar demasiado para confirmar que, en efecto, se trataba de casos con peligro para la vida de la madre. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán introdujo en 2022 una nueva normativa para reducir el número de abortos, que obliga a escuchar el latido fetal antes de la tomar una decisión. En Eslovaquia e Italia diversas organizaciones denuncian que el acceso efectivo al aborto se ve obstaculizado por presiones sociales y trabas administrativas. En Rusia, las autoridades han endurecido la persecución del aborto en medio de los graves problemas de descenso de la natalidad y aumento de la mortalidad debido a la guerra en Ucrania. Aún así, Europa es el continente que tiene las legislaciones más avanzadas, aunque con sonadas excepciones como Malta; mientras, en gran parte África está prohibida la interrupción voluntaria salvo si está en riesgo la vida de la madre. A pesar de los muchos casos de retrocesos, el Centro por los Derechos Reproductivos insiste en que también hay avances, como Suiza, que ha aprobado que los seguros cubran el coste total de las interrupciones, o Francia, que se convirtió en 2024 en el primer país del mundo en inscribir en su Constitución el derecho al aborto.
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