Notimex/ La Voz de Michoacán Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó el estado de sitio por 30 días en Izabal y en municipios de otros cinco estados del país, tras el asesinato de tres soldados, cuyos cuerpos fueron recuperados este miércoles. El Estado de Guatemala repudia los hechos de las personas que se escudan en banderas de la seudo defensa de los derechos humanos. Hemos constatado que muchas personas en esa región han estado vinculadas a acciones del narcotráfico”, dijo Morales al anunciar la medida. El mandatario indicó que el Ejército identificó la traza de una aeronave del narcotráfico en el Caribe, con destino al nororiental departamento de Izabal, al cual acudió la patrulla militar que fue emboscada, reportó el diario local Prensa Libre. La aeronave sospechosa prosiguió hasta el departamento de Retalhuleu, en el suroccidente del país, donde finalmente se estrelló. Morales instruyó para que se arreste a los responsables de las muertes de los militares y se decomisen las armas ilegales que usan estos “seudo defensores de derechos humanos” y “seudocampesinos” en la región donde fueron emboscados los soldados. Expresó su indignación por el hecho de que a uno de los militares le disparon en el rostro, mientras que a otro le quitaron el cuero cabelludo, el cual fue clavado en una estaca. El mandatario anunció además que los soldados sobrevivientes serán condecorados como héroes. El estado de sitio se aplicará en todo Izabal y en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz. Así como en Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán, en el estado de Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, en el departamento de El Progreso; Purulhá, en Baja Verapaz, y San Luis, en Petén. Durante los próximos 30 días, quedarán suspendidas las libertades de acción, locomoción, reunión y manifestación, y la portación de armas, mientras que el Ejecutivo podrá hacer detenciones legales e interrogar a presos. El gobierno dio un plazo de tres días al Congreso para que ratifique la medida, la cual ya entró en vigencia.
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