Notimex/La Voz de Micxhoacán Guatemala. La industria de alimentos y bebidas de Guatemala, un sector pujante que atiende mercados locales e internacionales, rechazó un proyecto de ley sobre alimentación saludable por considerar que afectará la producción e impactará en el precio final al consumidor. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) afirmó que comparte las iniciativas que protegen la salud de la población, pero sostuvo que el proyecto de Ley de Promoción y de Alimentación Saludable no cumple ese objetivo. El Congreso avanza en el trámite del proyecto de ley, que es apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). La propuesta de ley impone un nuevo impuesto a los alimentos con altos contenidos en azúcar, grasas, sodio y edulcorantes que puede representar entre 10 y 35 por ciento sobre el costo de producción de alimentos preparados. De acuerdo con los empresarios del sector, se pidió un informe sobre los fundamentos científicos y técnicos de dicha valoración de “altos contenidos”, sin embargo, señalaron que ni autoridades ni las entidades internacionales sustentaron sus análisis sobre los supuestos valores negativos. Directivos de la organización empresarial se han reunido con diputados, encabezados por Sofía Hernández, quien preside la Comisión de Salud del Congreso, para estudiar la propuesta promovida por entidades como la OMS y la FAO. La CGAB, además de los diputados, impulsa diálogos con autoridades de los ministerios de Salud, Economía, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala –la mayor del país-, entre otros sectores, para definir “el mejor proyecto de ley” que beneficie a productores y consumidores. El INCAP aclaró, por su parte, que el objetivo de aplicar nuevos impuestos es evitar el consumo de productos con elementos considerados nocivos y así disminuir enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Los empresarios del sector de alimentos y bebidas aseveraron que es absurdo que los diputados que respaldan la iniciativa, así como la FAO, OMS e INCAP “pretendan resolver los problemas de salud indicados para este nivel tan modesto de consumo de alimentos pre-envasados”. La iniciativa no resolverá los problemas de salud, incentivaría el contrabando que asciende a un 30 por ciento de los productos (alimentos y bebidas) en el mercado”, generaría pérdidas a las empresas y ocasionaría aumento de precios de los productos, reiteró la organización empresarial.
La Voz de Michoacán
