AP/La Voz de Michoacán Sacramento, EUA. En 2017, los legisladores del estado de California aprobaron casi 900 proyectos de ley que promulgó el gobernador Jerry Brown. La mayoría de las nuevas leyes entran en vigencia el lunes, entre ellas una que limitará la cooperación de los funcionarios estatales con las autoridades federales de inmigración. La policía ya no podrá preguntarle a la gente sobre su estatus migratorio ni participará en acciones federales para la aplicación de la ley federal de inmigración, gracias a una nueva ley que hace de todo California un estado “santuario”. Hasta ahora ese calificativo se aplicaba solo a ciertos gobiernos locales que cooperaban poco _o no lo hacían_ con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización. Una ciudad recibía esa denominación, por ejemplo, cuando declinaba peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a los acusados mientras esperan ser deportados. La nueva ley de California permitirá que los funcionarios carcelarios de todo el estado solo transfieran presos a las autoridades federales de inmigración si estos han sido condenados por ciertos crímenes. Esa iniciativa fue uno de los numerosos proyectos de ley creados por las autoridades estatales para frustrar varias de las políticas del gobierno del presidente Donald Trump. También a partir del lunes, los funcionarios de inmigración necesitarán una orden para acceder a los lugares de trabajo o los registros de empleados. Asimismo, los propietarios de inmuebles no podrán revelar la ciudadanía de sus inquilinos. Otra nueva ley prohibirá a los funcionarios universitarios cooperar con las autoridades de inmigración. Un proyecto de ley adicional prohibirá a los agentes del orden público detener a una víctima o un testigo de un delito solo por una violación a las leyes de inmigración, real o presunta, o entregarlos a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.
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