EFE / La Voz de Michoacán Los Ángeles, EUA. Un juez federal de Texas dictaminó este viernes que el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadounidense cuando se creó y prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco. El juez de distrito en Texas Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de estados, liderados por Texas, que pidió el fin al programa argumentando que fue creado ilegalmente en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017). La decisión llega casi siete meses después de que Hanen escuchase los argumentos de las partes en esta demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra el beneficio federal, que ampara actualmente a más de 650.000 jóvenes indocumentados y que estaba abierto a nuevos solicitantes. En su conclusión, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada. El juez estuvo de acuerdo con una parte de las demanda de Texas, presentada en 2018, junto a otros ocho estados republicanos y negó las solicitudes de los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso. En el escrito de 77 páginas, Hanen se refirió a una decisión tomada por él mismo en 2015 cuando falló en contra de un programa gemelo y que buscaba cobijar a los padres de los "soñadores", pero que nunca llegó a entrar en vigor por el fallo del juez texano. También citó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de 2018 sobre el programa, que echó abajo las acciones tomadas por el expresidente Donald Trump (2017-2021), por no seguir los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA. Sin embargo, no valoró la legalidad del programa. A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el Gobierno Biden tome "ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA", y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios. En opinión del juez, “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”. El desafío legal emprendido por Paxton fue apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
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