EFE / La Voz de Michoacán Ana Milena Varón Los Ángeles. La mexicana Sandra Castañeda soñaba con regresar a su casa en Los Ángeles después de que su condena por un asesinato fue anulada por una corte, pero la ilusión se desvaneció cuando la detuvieron para deportarla como parte de las prioridades de EE.UU. de expulsar a migrantes considerados criminales. La inmigrante tiene ya 20 años tras las rejas: Más de 19 de ellos en California por manejar un automóvil desde donde se desató un tiroteo que dejó un muerto cuando estaba llevando a unos amigos a comprar comida, y el resto en un centro de detención migratorio de Georgia. "Sandra es una persona increíblemente resistente y fuerte. Pero la detención por parte de inmigración realmente afecta a las personas, y obviamente, eso le ha costado mucho", explicó a Efe su abogado, Anoop Prasad. La mexicana "no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma, y no tenía idea de que el amigo iba a disparar", asegura Prasad, de la organización Immigrant Rights at the Asian Law Caucus. En 2021 una jueza de California anuló la condena contra Castañeda en base a una nueva ley estatal que eliminó ciertos cargos agravados de asesinato a personas que no son responsables directas de muertes. La inmigrante ya había logrado que en 2020 el gobernador Gavin Newsom conmutara su sentencia. UNA ALIANZA CRITICADA Pero cuando Castañeda creía que regresaría a la libertad, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la detuvieron para deportarla a México al considerarla una "criminal", explica Prasad. "ICE ha tomado una posición en este caso, y otros casos similares, de que no están obligados a reconocer las leyes estatales y las órdenes estatales que anulan las antiguas convicciones, todavía la tratan como si hubiera sido condenada por asesinato", ahonda el abogado.
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