EFE / La Voz de Michoacán Lima. El Poder Judicial de Perú revisará este jueves una petición de la Fiscalía que propuso impedir la salida del país por 18 meses del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mientras se define el juicio del caso Pativilca, una masacre perpetrada en 1992 por un grupo militar encubierto en la que murieron seis personas. Según confirmó este miércoles a Efe Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que lleva la defensa de los familiares de las víctimas de Pativilca, la solicitud del Ministerio Público será vista por la Cuarta Sala Penal Especializada, presidida por la jueza Miluska Cano, en una audiencia programada para el jueves a las 8.30 hora local (13.30 GMT). El pedido fiscal de impedimento de salida del país fue presentado esta semana, cuando se espera que el Tribunal Constitucional (TC) peruano publique la sentencia sobre la decisión adoptada el pasado jueves de restaurar el indulto que se le otorgó en 2017 a Fujimori. Una vez se emita el fallo del TC y se tramite su excarcelación, el expresidente podría salir de su lujosa prisión, algo que se calcula podría ser en los próximos días. Si bien tanto la defensa de Fujimori como su hija mayor y heredera política, Keiko, indicaron que el exmandatario no saldrá del país cuando sea liberado, la Fiscalía se anticipó para asegurar su presencia ante el juicio por el caso Pativilca, en el que están implicadas otras 22 personas, entre ellas integrantes del grupo militar encubierto Colina y miembros de las Fuerzas Armadas. CASO PATIVILCA La instrucción en el caso Pativilca comenzó en el año 2012, pero Fujimori no fue incluido como acusado hasta junio de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió agregar esta matanza dentro de la extradición que concedió a la Justicia peruana diez años antes. Por este caso, la Fiscalía pide 25 años de cárcel contra el expresidente, quien está acusado como autor mediato (con dominio del hecho) del secuestro, torturas y asesinato de seis hombres de entre 38 y 17 años en el municipio de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza. Los crímenes fueron cometidos por el grupo Colina, el mismo que perpetró las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas, y por los que Fujimori ya fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. La pena por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, sin embargo, fue exonerada dos veces, la última la semana pasada, cuando el TC declaró fundado un recurso interpuesto contra la resolución de la Corte Suprema que, en 2018, dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Ese indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien era congresista en ese momento, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario. OTROS PROCESOS El caso Pativilca no es la única cuenta pendiente que Fujimori tiene con a Justicia. El exmandatario también tiene abierto el proceso por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno a miles de ciudadanos, la mayoría mujeres quechuahablantes, supuestamente como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad. Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso, las diligencias a los exministros de Salud de Fujimori implicados en este proceso arrancaron a principios de marzo y se extenderán en un plazo no mayor a ocho meses. Quien, en cambio, no declarará todavía será Fujimori, ya que su proceso penal por este caso se mantiene suspendido a la espera de que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fue detenido en ese país.
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