Redacción/ La Voz de Michoacán México. - El exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, se encuentra actualmente refugiado en la Embajada de México con el objetivo de evitar su detención, según confirmó la Cancillería mexicana el pasado domingo. En un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el exmandatario Glas solicitó ingresar a la embajada de manera presencial, argumentando riesgos para su integridad. La SRE indicó que se le concedió el acceso de acuerdo con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, siguiendo los protocolos establecidos por la propia secretaría y respaldándose en el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución mexicana. En caso de formalizarse el ingreso de Glas, la Cancillería mexicana señaló que se consideraría como asilo político, y el Gobierno del Estado llevaría a cabo las investigaciones necesarias para determinar cómo proceder en relación con el caso. Esta decisión se fundamenta en los acuerdos internacionales pertinentes en los que México y Ecuador participan, así como en las normas consuetudinarias del derecho internacional, según destacó la SRE. La Cancillería también aseguró que el Gobierno de México y la embajada en Ecuador están dispuestos a entablar conversaciones y acuerdos que beneficien a las autoridades de ambas naciones, con el objetivo de obtener toda la información necesaria sobre el caso de Glas. En contraste, el gobierno ecuatoriano ha solicitado a la Embajada de México que facilite la salida de Glas de su misión diplomática para permitir su detención por parte de la Policía, cumpliendo así con una investigación de la Fiscalía. La Cancillería mexicana, a su vez, ha instado a las autoridades mexicanas a invitar a Glas a colaborar con las autoridades policiales, y está a la espera de la cooperación que México pueda ofrecer en este sentido. La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado oficial, había solicitado a la Policía que procediera a localizar y detener al exvicepresidente de la República, como parte de una investigación preliminar por presunta malversación de fondos dirigida por la fiscal general Diana Salazar.
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