Caracas, Venezuela. Un adolescente murió este miércoles tras ser herido por un disparo durante unos disturbios en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, a donde el gobierno ordenó el envío de 2.600 militares para hacer frente a las protestas en esa zona, que han dejado tres muertos, numerosas estaciones policiales incendiadas y comercios saqueados en los últimos días. José Francisco Guerrero, de 15 años, falleció en un centro de salud al que ingresó la noche del martes tras ser herido por un disparo de arma de fuego en medio de unos disturbios que se registraron en el sector de Sabaneta de la ciudad suroccidental San Cristóbal, donde se reportó la actuación de más de 80 motorizados armados, que eran supuestos seguidores del gobierno, indicó a The Associated Press Patricia Gutiérrez, alcaldesa de esa localidad. A inicios de semana fallecieron Luis Alviarez, de 18 años, y Diego Hernández, de 32 años, en protestas en el Táchira. La Fiscalía General informó que Guerrero recibió un disparo a nivel umbilical cuando realizaba compras en un comercio cerca de donde se realizaba una manifestación. Gutiérrez confirmó que decenas de guardias nacionales con tanquetas tomaron desde el amanecer algunos puntos San Cristóbal, capital del estado, que ha sido escenario en los últimos días de protestas y bloqueos de vías por parte de manifestantes, y saqueos de decenas de comercios. Las fuerzas de seguridad han lanzados gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes que han bloqueado las vías. “La situación es desolación”, afirmó la alcaldesa al reconocer que por tercer día consecutivo las calles de San Cristóbal están casi desiertas, con centenares de comercios cerrados y el transporte público restringido. Agregó que en algunas zonas como Sabaneta durante la noche del martes se reportaron decenas de saqueos de comercios y la presencia en las calles de motorizados armados, presuntamente vinculados al gobierno, que son llamados “colectivos”. El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció que seis presuntos paramilitares colombianos fueron detenidos en el Táchira por su supuesta vinculación con actos vandálicos en esa entidad. Asimismo, la Fiscalía General indicó que dos policías fueron arrestados en el estado por su presunta relación con la muerte de Alviarez. Durante la jornada se registraron protestas callejeras en las ciudades de Los Teques y Maracay donde las fuerzas de seguridad nuevamente trataron de dispersar a los manifestantes. El general Vladimir Padrino López indicó en una transmisión de la televisora estatal que se enviarán 2.000 guardias nacionales y 600 uniformados del grupo de operaciones especiales como parte de la "segunda fase" del programa de seguridad denominado "Plan Zamora" que activó el gobierno a mediados del mes pasado en respuesta a las manifestaciones casi diarias que realiza la oposición desde fines de marzo. El ministro acusó a la oposición de promover acciones violentas y de tratar de entorpecer el abastecimiento de alimentos y combustible. "No se equivoquen, porque ya estamos cansados de ver correr sangre en las calles producto de la irresponsabilidad de estos actores políticos que no quieren ver sino una guerra civil", dijo Padrino López tras denunciar que una instalación militar de Táchira fue asediada por manifestantes que le lanzaron bombas incendiarias. San Cristóbal, a unos 600 kilómetros al suroeste de Caracas, fue epicentro hace tres años de violentas protestas callejeras contra el gobierno que se extendieron por casi cuatro meses. Algunas organizaciones humanitarias y la oposición han acusado a las fuerzas de seguridad de excederse en la contención de las muestras de descontento contra el gobierno, que se han extendido por casi siete semanas en varias ciudades del país y han dejado 46 fallecidos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42. El progresivo incremento de los muertos representa una “espada de doble filo” tanto para el gobierno como la oposición, afirmó Christopher Sabatini, profesor de relaciones internacionales de la universidad estadounidense de Columbia. Sabatini dijo a la AP que la voluntad del gobierno de reprimir a los manifestantes pone al descubierto su “naturaleza autoritaria”, y puede aislarlo aún más de la opinión internacional. El académico dijo que ante esta situación la oposición se plantea el dilema de cuánto tiempo puede seguir llamando a sus seguidores a las calles ante los riesgos que eso representa.
La Voz de Michoacán
