Notimex/La Voz de Michoacán Nicaragua. La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó hoy su llamado a Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que ha dejado, según la CIDH, 264 muertos. https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1017135770971394053 Sin embargo, el llamado fue ignorado por el gobierno nicaragüense, que rechazó de nueva cuenta un informe actualizado presentado ante este órgano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarlo de “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”. Nicaragua no acepta, no puede aceptar el informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, dijo en Washington el canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien aseguró que se requiere tiempo para realizar un reporte objetivo y apegado. En un discurso de más de 20 minutos, Moncada presentó su versión de la situación que se vive en la nación centroamericana desde el inicio de las protestas callejeras, el 18 de abril pasado, en contra de la ley de reforma del sistema de seguridad social. https://twitter.com/GiocondaBelliP/status/1016859390136258560 Moncada caracterizó las manifestaciones como un “embate terrorista con el fin de realizar un golpe de Estado” y leyó una larga lista de muertos y heridos, y propiedades destruidas en días recientes en las comunidades de Jinotepe y Diriamba. Aunque en una audiencia realizada el mes pasado, Moncada reconoció la existencia de 143 muertos, este miércoles los nombres de las víctimas que leyó fueron en su mayoría de policías o militantes del partido gobernante FSLN, indicando que la información que presentaba era “veraz y objetiva”. Sin embargo, omitió toda referencia a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüenses, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz, que fueron agredidos el lunes pasado por paramilitares en Diriamba. Durante la presentación de su informe actualizado, el secretario general de la CIDH, Paulo Abräu, dijo que el agravamiento de la situación resulta preocupante, al hacer notar que la cifra actual de muertos, es casi tres veces más alta que la que les fue reportado en su visita a Nicaragua en mayo pasado. De acuerdo con el reporte, la cifra de personas muertas de todos los bandos, se ubica ahora en 264, además de mil 800 heridos, aunque de acuerdo con organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil el número de fatalidades asciende ya a 351. Abräu denunció además una “diversificación y profundización” de la represión, incluyendo la invasión de tierras, y dijo que se requiere un mayor pronunciamiento internacional sobre la situación. La CIDH "hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exige al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo. El embajador de Mexico, Jorge Lomónaco, consideró que el agravamiento de la situación requiere urgente atención, y recordó que los Estados miembros de la OEA tienen un papel que jugar en la solución de esa crisis. Tras lamentar el aumento de muertos y heridos y la falta de avances en el diálogo nacional, indicó que el gobierno de su país se sumaba al llamado de la CIDH y la ONU “para que todas las acciones de levantamiento de focos de violencia y operativos de la policía nacional, sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos”. Por su parte, el embajador estadunidense Carlos Trujillo señaló que el incremento en la violenta represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tiene como propósito su preservación en el poder. Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, y como Estados miembros, debes apoyar los esfuerzos de la comisión en este sentido”, dijo Trujillo durante su intervención. Mientras que la delegación de Venezuela, al igual que Nicaragua, rechazó el informe de la CIDH por ser parcializado, carente de objetividad, “el cual solo tiene como objetivo validar las acciones delictivas cometidas por grupos violentos en Nicaragua”. En su turno, la representación de Chile calificó la situación en el país centroamericano como “una vergüenza para la democracia regional y nos obliga a reiterar el llamado al gobierno de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir su Constitución política, que estipula que sólo puede haber dos instituciones armadas en el país: la policía y el ejército”.
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