Efe / La Voz de Michoacán Quito, Ecuador. Un total de 40 personas fueron detenidas por formar parte de un ‘call center’ (centro de llamadas) que desde Quito, la capital de Ecuador, estaba dedicado presuntamente a extorsionar por vía telefónica a usuarios de Colombia, Ecuador y México, según informó este viernes la Fiscalía ecuatoriana. Este centro de llamadas se encontraba en el distrito financiero de Quito y estaba liderado aparentemente por dos ciudadanos de nacionalidad china, quienes se encuentran entre los 40 personas detenidas el jueves, durante un allanamiento de la Policía a las instalaciones del centro, que según la Fiscalía operaba bajo la fachada de la empresa LKL-Wellcall. Un total de 39 de las 40 personas detenidas fueron enviadas a prisión provisional mientras continúan las investigaciones por presunta delincuencia organizada. Solo una mujer quedó en libertad condicional al encontrarse embarazada, por lo que se le impuso prohibición de salida del país y obligación de presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. Durante los registros que tuvieron lugar el pasado jueves, la Policía Nacional de Ecuador confirmó haber interceptado 20 computadores y 27 terminales móviles. Según las primeras diligencias, la empresa habría operado por al menos un año bajo una estructura jerárquica encabezada por los dos ciudadanos de nacionalidad china, de nombres Xu J. y Gu X. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso explicó que el funcionamiento de esta industria de extorsión dependía también del equipamiento tecnológico. Montajes con contenido sexual Los operadores empleaban una plataforma digital que almacenaba información personal de las víctimas y fotografías, que luego eran utilizadas para hacer montajes con imágenes de contenido sexual explícito, las cuales también servían como medio de extorsión. Desde sus módulos, equipados con computadores, los operadores hacían llamadas y enviaban mensajes con plantillas previamente diseñadas, donde amenazaban a las víctimas con difundir los montajes en redes sociales si se negaban a depositar altas sumas de dinero. También enviaban fotos y videos de personas siendo desmembradas. Cada operador recibía bonificaciones adicionales si superaban los 1.200 dólares recaudados mensualmente. Se identificó también que la empresa ofrecía créditos sin autorización legal y, posteriormente, extorsionaba a quienes accedían a estos préstamos. Plataforma digital y bases de datos Un ecuatoriano, de nombre Luis Geovanny C. R., ejercía la figura de «director de talento humano» que se dedicaba a reclutar al personal, gestionar la entrega de chips telefónicos para hacer las llamadas extorsivas y coordinar el pago de salarios, que en promedio eran de 500 dólares. También estaba a cargo de coordinar con cinco “líderes de segmento”, entre ellos Edwin Bryan P. A., quien ‒según la investigación‒ distribuía los usuarios y las contraseñas de la plataforma desde donde se hacían las llamadas extorsivas. Además, sería el encargado de repartir las bases de datos con los nombres y números telefónicos de las personas a las que había que extorsionar. Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» para contrarrestar el auge de la violencia criminal, con medidas como pasar a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos «terroristas». El presidente Ecuador también emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales. Detrás de esa escalada de violencia están bandas criminales como Los Choneros, Los Lobos, Los Lagartos o Los Tiguerones, dedicadas principalmente al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
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