Agencias / La Voz de Michoacán Brasil. La corte suprema de Brasil comenzó a escuchar este lunes testimonios clave en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, incluido un excomandante del ejército que confirmó haber participado en una reunión con el ultraderechista para discutir la eventual implementación de un «estado de sitio». El líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, ya inhabilitado para las elecciones de 2026, se expone a penas de unos 40 años de prisión por presuntamente haber intentado maquinar su permanencia en el poder pese a su derrota ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. La Fiscalía lo acusó en febrero entre otros crímenes de tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. Para apoyar o refutar esas alegaciones, más de 80 personas, entre ellas altos rangos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia, fueron citadas a declarar por videoconferencia en sesiones previstas a lo largo de dos semanas. En el testimonio más esperado de este primer día, el general Marco Antonio Freire Gomes confirmó haber estado en una reunión con Bolsonaro en la residencia presidencial en diciembre de 2022 en que se discutió la eventual implementación de medidas excepcionales como un «estado de defensa o de sitio» para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. «Alerté al señor presidente (…) que él podría ser implicado jurídicamente en eso», dijo Freire Gomes, excomandante del Ejército durante el gobierno de Bolsonaro. El juez Alexandre de Moraes abrió previamente la sesión en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Bolsonaro, vestido con una camiseta amarilla, el color de la selección de Brasil, estuvo presente de forma remota, así como la fiscalía y los abogados de los acusados, constató un periodista de la AFP. Bolsonaro, de 70 años, se dice inocente y víctima de una «persecución». Líder de una «organización criminal» Bolsonaro será juzgado junto a otros siete excolaboradores, incluidos cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia. De acuerdo con el informe de más de 800 páginas de la policía federal, el expresidente lideró una «organización criminal» que buscó impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. El plan golpista contemplaba, según la fiscalía, medidas como la elaboración de un decreto para justificar un «estado de defensa» e incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos del ejército. La investigación vincula también a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia mientras pedían una intervención militar contra Lula. Primeras contradicciones En su testimonio este lunes, Freire Gomes reafirmó la oposición de las fuerzas armadas a las medidas presentadas por Bolsonaro contra el resultado electoral, pero negó que hubiese amenazado al expresidente con arrestarlo si llevaba adelante esos planes, como afirma la investigación policial. Otras contradicciones le ganaron una amonestación de Moraes: «Voy a dar un chance al testigo a decir la verdad», dijo el juez. Los testimonios se retomarán el miércoles, con Carlos de Almeida Baptista Júnior, excomandante de la fuerza aérea, que también dijo a la policía haber escuchado sobre las medidas emergenciales en reuniones con Bolsonaro. Durante estas audiencias, «se podrán identificar y explorar eventuales contradicciones, dentro de un mismo testimonio o entre testimonios», explicó a la AFP Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas. «Solo después de esto se podrá fundamentar una eventual condena», agregó. Condena a “muerte” El juicio continuará durante los próximos meses con el interrogatorio de los acusados, antes de que las partes presenten sus alegatos finales. Cinco jueces de la corte -incluyendo Moraes- finalmente votarán una eventual condena contra Bolsonaro y los otros coacusados. El exmandatario ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación electrónico de Brasil. Y aunque ha repetido su intención de postularse a los comicios de 2026, en los que Lula podría presentarse de nuevo, la semana pasada dijo a Uol que una condena sería una «pena de muerte, política y física».
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