Efe / La Voz de Michoacán Guayaquil, Ecuador. Un hospital público de Ecuador ofreció este lunes disculpas a una venezolana que, cuando tenía 17 años, fue esterilizada "con coerción" -ya que le practicó el procedimiento sin darle la información necesaria- y reconoció que ejerció violencia obstétrica contra ella, tal como lo determinó la Corte Constitucional en una reciente sentencia. «Este hospital reconoce que no le informó acerca de los riesgos, beneficios y alternativas de la ligadura tubárica; disminuyó la autonomía, la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y se apropió de su cuerpo y de su proceso reproductivo al realizar un procedimiento médico con coerción, es decir, practicar una esterilización de secuela definitiva cuando su consentimiento informado estaba viciado», señaló Hugo Hernández, gerente del Hospital General Universitario de Guayaquil. El médico admitió que no trataron a la entonces adolescente con dignidad ni respeto y que le causaron «sufrimiento y angustia innecesaria» al practicarle una ligadura definitiva al mismo tiempo que debía dar a luz y cuando la esterilización no era necesaria «ni condicionaba el parto ni la salud y la vida ni de ella ni de su bebé». Además del personal del hospital, en el acto también estuvieron representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes son los encargados de velar porque se cumpla la sentencia de la Corte. Este caso tuvo lugar en 2020, cuando Yolanda, de entonces 17 años, acudió al Hospital Universitario para dar a luz. Según su relato, recogido en la sentencia, en el momento del parto el personal de salud le dijo que le iban a practicar una ligadura tubárica porque se podía «morir». Yolanda aseguró que los médicos no le preguntaron si quería esterilizarse a temprana edad, sino que le dijeron que si tenía otro hijo se podía morir debido a la preeclampsia que sufría y que, cuando ya estaba anestesiada, le hicieron firmar un documento. Una situación que la Corte Constitucional catalogó como violencia obstétrica, a la que denominó como «una forma de violencia estructural ejercida contra la mujer en el contexto de las relaciones de poder entre la paciente y el personal de un establecimiento de salud». «Deseo que no se repita» Yolanda, quien estuvo presente en el acto, aseguró a EFE que aunque estas disculpas «no arreglan los daños» que ya sufrió, no solo por la esterilización, sino por las secuelas que aún le afectan, desea «de corazón» que la sentencia impida que casos como el suyo se repitan. «Ninguna madre merece ser tratada como me trataron. Ni una extranjera como yo ni nadie de ninguna parte del país porque todos somos seres humanos», añadió. La joven cree que el trato que recibió obedece a una discriminación múltiple por parte del personal médico, porque era migrante, mujer y menor de edad. «Yo estaba sola y no tenía quién diera la cara por mí en ese momento», recordó. Su abogada, Petrick González, opinó que Yolanda también fue discriminada por su situación económica, ya que consideró que «si ella hubiera tenido dinero no hubiese pasado por eso». La abogada adelantó a EFE que, después de que el Estado cumpla con todas las reparaciones que debe hacerle a Yolanda, irán a la Asamblea Nacional (Parlamento) para solicitar que se tipifique la violencia obstétrica como un delito. «Está contemplada en la Ley de violencia contra las mujeres, pero necesitamos que esté en el código penal», mencionó, ya que, aunque actualmente sí se sanciona con penas de cárcel de entre siete y trece años a una persona que prive de manera forzada la capacidad de reproducción de otra, no se contemplan todas las otras limitaciones a los derechos de las mujeres que encierra la violencia obstétrica. «Es necesario que los médicos tomen conciencia de que esto fue más allá de un error, que le ha cambiado la vida a ella. Las mujeres que llegan acá tienen derecho a saber qué significa lo que quieren hacerles, y no solo hacer esas cosas por emergencia o incluso por ineficiencia», señaló durante el acto. Yolanda y su abogada están a la espera de que el hospital pague los 15.000 dólares de indemnización que ordenó la Corte por la violencia obstétrica sufrida, y, a la par, que avance el proceso judicial en contra de los médicos que la esterilizaron y que el Ministerio de Salud cumpla con adecuar sus normativas y capacitar al personal médico.
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