Efe / La Voz de Michoacán Bogotá, Colombia. Los bombardeos del Gobierno colombiano contra el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, han desatado una tormenta política y jurídica en el país al confirmarse la muerte en ataques recientes de al menos doce menores de edad reclutados por esa guerrilla. Las operaciones, ordenadas por el presidente Gustavo Petro, han abierto un debate sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), la responsabilidad estatal y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de niños. Claves para entender la situación 1. ¿Qué es el EMC? El Estado Mayor Central (EMC) fue formado por los frentes primero y séptimo de las antiguas FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016. El número de integrantes del EMC creció este año el 20 %, con lo cual se calcula que ese grupo tiene unos 4.000 hombres en armas, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, según el Ministerio de Defensa. Este grupo comenzó en departamentos de la Orinoquía, como Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, pero con el tiempo fue expandiendo sus operaciones a otras regiones del país, como Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El Gobierno de Petro entabló negociaciones de paz con el EMC pero en 2024 las suspendió y luego las retomó solo con una facción de ese grupo que es la menos beligerante. 2. Alias Iván Mordisco El jefe del EMC es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. Mordisco, quien fue jefe del frente primero de las antiguas FARC, fue dado por muerto en una operación militar en julio de 2022 en el departamento del Caquetá y este año se volvió a especular con su posible muerte en otro ataque. Sin embargo, Mordisco reapareció este martes en un vídeo difundido en redes sociales para amenazar al Gobierno colombiano por ordenar los bombardeos contra sus frentes en los que murieron menores reclutados a la fuerza. 3. Los menores fallecidos Los últimos bombardeos contra esta disidencia dejan al menos doce menores fallecidos que estaban en las filas del EMC. Según el Instituto de Medicina Legal, la cifra incluye a cuatro niñas y tres niños muertos en un bombardeo el 11 de noviembre en el Guaviare, donde cayeron 20 guerrilleros. Otros cuatro menores murieron en un bombardeo el 1 de octubre en el Caquetá durante una ofensiva contra el EMC que, según el Gobierno, mantenía campamentos con reclutamiento activo de adolescentes. A ellos se suma otro menor que falleció en un bombardeo en Arauca, frontera con Venezuela, el 13 de noviembre, en una acción también dirigida contra el anillo de seguridad de Mordisco. 4. El debate humanitario Estas muertes avivaron las críticas a Petro porque cuando estaba en la oposición fue crítico de los gobiernos de turno cada vez que los bombardeos mataban a menores reclutados por la guerrilla, y la Defensoría del Pueblo le pidió suspender esos ataques. En el centro del debate está el principio de distinción del DIH, que exige diferenciar en todo momento entre combatientes y población civil, y tomar medidas para evitar daños colaterales a personas especialmente protegidas, como niños reclutados ilegalmente. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su «profunda preocupación» por la muerte de los siete primeros menores, aunque coincidió con el Gobierno en que los grupos armados que incorporan menores a sus filas los convierten en «escudo humano», lo cual constituye un crimen internacional. El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, aseguró este martes en una entrevista con EFE que los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean «estrictamente necesarios». 5. La respuesta del presidente Pese a las críticas, Petro asumió la responsabilidad política de la operación en el Guaviare y pidió perdón a las familias de las víctimas. No obstante, insistió en que el ataque cumplió con el DIH porque, según él, «no había civiles» y el Ejército «no sabía de la presencia de menores». Según el presidente colombiano, eso evitó una posible emboscada de unos 150 hombres de las disidencias a soldados desplegados en la zona. El presidente argumentó además que renunciar a este tipo de operaciones crearía un incentivo perverso para que los grupos armados sigan reclutando niños. Estos ataques se han intensificado pese a que Petro comenzó su Gobierno con la promesa de privilegiar el diálogo mediante el programa de «paz total». Instituciones como la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Fiscalía Penal Militar y Policial abrieron indagaciones sobre los bombardeos con el fin de determinar si se cumplieron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad que exige el DIH.
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