EFE / La Voz de Michoacán Lima. El 56,5 % de peruanos no está de acuerdo con la ruptura de relaciones diplomáticas con México, adoptada por el Gobierno del presidente interino José Jerí tras el asilo otorgado por ese país a la ex primera ministra Betssy Chávez, según una encuesta de la empresa CPI difundida este jueves en Lima. Ante la pregunta de CPI si está de acuerdo con la ruptura de relaciones con México, el 33,8 % respondió que estaba de acuerdo, el 56,5 % estaba en contra y el 9,7 % no precisó su respuesta. El sondeo de CPI se realizó entre el 26 y 30 de noviembre a una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %. Chávez recibió el asilo político de México en noviembre pasado, días antes de la lectura de la sentencia por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y permanece desde entonces en la residencia diplomática de ese país en Lima a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar Perú. Sin embargo, el Gobierno del derechista Jerí rechazó esa protección, al considerar que estaba sometida a la justicia penal y que pronto iba a ser condenada, así que rompió las relaciones diplomáticas con México y anunció que se tomaría el tiempo necesario para evaluar la entrega del salvoconducto, además de solicitar a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión de los requisitos para el otorgamiento del asilo. El 27 de noviembre, Chávez y Castillo fueron finalmente condenados por conspiración para una rebelión a 11 años y cinco meses de prisión efectiva. Este miércoles, el canciller peruano, Hugo de Zela, propuso a los países de la OEA reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su «evolución negativa» y se convierta en «un instrumento para eludir la justicia», durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de esta organización. De Zela pidió que al evaluar las peticiones «se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado».
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