Para aminorar carga en cárceles sobrepobladas, Ecuador indultará a 5 mil presos

En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30 mil personas, hay unos 39 mil presos (30% de sobrepoblación). Del total, 15 mil están sin sentencia.

Redacción / La Voz de Michoacán

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el martes que unos 5 mil presos serán indultados para reducir la sobrepoblación en las cárceles donde se produjeron masacres entre reos con más de 320 muertos en 2021.

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“Aspiro que salgan libres por lo menos 5 mil personas privadas de la libertad", dijo el mandatario en entrevista concedida a periodistas locales.

Agregó que su plan es "terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles".

En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30 mil personas, hay unos 39 mil presos (30% de sobrepoblación). Del total, 15 mil están sin sentencia.

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Lasso señaló que el lunes firmó un decreto mediante el cual estableció "las condiciones para el indulto y que sean los jueces los que resuelvan el indulto bajo los parámetros establecidos" por esa vía.

El Ejecutivo también impulsa una denominada Política Pública de Rehabilitación Social, que con un presupuesto inicial de 27 millones de dólares desarrollará planes de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social y derechos humanos para los reclusos.

Las penitenciarías ecuatorianas fueron en 2021 escenarios de cruentos enfrentamientos por el poder entre presos miembros de bandas vinculadas al narcotráfico, que dejaron más de 320 fallecidos en masacres carcelarias de las peores de Latinoamérica.

Lasso manifestó que el decreto conducirá al "indulto para reducir el hacinamiento en las cárceles y también para proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores, que cometieron errores en su vida, pero que no pueden ser sujetos al chantaje, a la presión" en los reclusorios.

Señaló que el documento presidencial fue consensuado con la Corte Constitucional y la Fiscalía.

El beneficio será para los presos con condenas por robo, hurto, estafa o abuso de confianza, según la prensa nacional.