COLEGIO DE ABOGADAS DE MICHOACÁN. Miryam Georgina Alcalá Casillas La ciberciudadanía comprende el uso y aprovechamiento de internet y de las TIC, para ejercer libertades y derechos políticos, implica participar de manera activa, informada, ética y responsable, en asuntos de carácter público y en procesos de toma de decisiones; con la intención de lograr una sociedad más solidaria, justa, libre y democrática, así como de promover el desarrollo social. Un ciberciudadano es una persona que cuenta con los conocimientos, capacidades y destrezas necesarios para actuar con sensatez y responsabilidad en el ciberespacio, para llevar a cabo acciones de protesta e influir en procesos políticos y sociales, movilizarse a favor de una causa, en declaración de un propósito y como demostración pública del descontento social. Lo anterior implica que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su país y a contar con servicios públicos electrónicos con mecanismos eficientes y confiables -derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-. De tal manera, la participación ciudadana y la protesta social, han encontrado nuevos campos de acción, como son los sitios web, los blogs, las redes sociales o los periódicos digitales, donde los ciudadanos buscan espacios para promover el mutuo entendimiento y la interacción entre los miembros de una comunidad, para generar deliberación política, para expresar inconformidades, para guiar el consenso y la opinión pública, para supervisar a sus gobernantes e involucrarse en asuntos de interés político. Con relación a la corrupción, la ciberciudadanía cobra especial relevancia, ya que al tratarse de un fenómeno complejo y de gran escala, la ciudadanía digital puede ser un factor fundamental para su atención y detección; ya que las herramientas digitales constituyen elementos que pueden facilitarla o potenciarla. Entre estas herramientas está la denuncia digital por la presunta comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción, pues contribuye a la visibilización de conductas que dañan a nuestra sociedad, pone al alcance de gran parte de la población, la posibilidad de realizar una denuncia de forma sencilla, guiada y anónima, permitiendo en primer término, la identificación de faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción y en segundo, la eventual sanción de las personas involucradas por parte de las autoridades competentes. En el ámbito local, el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la Secretaría Ejecutiva del mismo, cuenta con el Sistema de Denuncia Pública de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción (SIDESEA), el cual forma parte de la Plataforma Digital Estatal y se encuentra disponible las 24 horas de los 365 días del año. A través de dicho Sistema, es posible presentar denuncias en contra de servidores públicos, pero también de particulares, por la presunta comisión de faltas administrativas contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, así como de delitos por hechos de corrupción establecidos en el Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. El panorama no es fácil, implica temas de valores, de voluntad y valentía, pero, sin duda, la denuncia digital se ha convertido en una herramienta poderosa para participar abierta y responsablemente en la erradicación de conductas que desvían y corrompen la función pública y que afectan el desarrollo colectivo. En Michoacán se ha avanzado en el fortalecimiento de la cultura digital en diversas esferas, como ya se indicó, una de ellas, es evidenciar la corrupción, ahora, se habrá de trabajar para que la ciudadanía participe y utilice los canales digitales de denuncia, y por supuesto, la coordinación institucional para que las investigaciones lleguen al puerto esperado, se sancionen y eventualmente se disminuyan los índices de corrupción.
La Voz de Michoacán
