GIOVANNA CORTEZ MIRANDA La evolución del hombre, no puede desentenderse de las ideas cristianas en donde se hablaba de Dios como una autoridad divina; y, sus cánones de conducta implicaban la obediencia, la sumisión, la fe, pero sobre todo, la creencia de su existencia. De esa tradición teocrática, surge la forma terrenal de gobierno más antigua que es la monarquía, la cual consideraba a los reyes como los representantes de Dios en la tierra; y entonces, el pueblo asumía el deber de la sumisión ante toda decisión de los monarcas, incluso sobre sus vidas y posesiones, lo que en el devenir de la historia, y ante los constantes abusos de los monarcas que se centraron el conseguir más poder invadiendo pueblos, tierras y personas, separando incluso sus instituciones de la Iglesia que se erigía como otra fuente de poder público; así, surgen inconformidades entre los gobernados, destacando pensadores de la época como John Locke y Montesquieu, quienes proponen que el poder de gobernar un pueblo no debe darse a una sola persona, pues el exceso de poder genera incremento en los intereses personales de quien lo ejerce y se olvida del pueblo; proponen entonces una forma de gobierno en donde exista un contrapeso en la toma de decisiones y surge con ellos la teoría de la División de Poderes, que contempla un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, los tres con autonomía e independencia en su gestión. En México, el pueblo se tuvo que levantar en armas en la mayor parte del territorio mexicano, para terminar con la dominación española, logrando así su independencia y constituyéndose en una república federal en donde se instituye la idea de soberanía en la que el poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos, establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno con sus respectivas facultades y atribuciones consignadas constitucionalmente, pero sin poder reunirse dos o más de estos poderes en un mismo individuo o corporación. Entonces, siendo el Poder Judicial el ente encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, así como la protección de los ciudadanos a través del juicio de amparo que se promueve contra cualquier acto de autoridad que violente o menoscabe los derechos de los mismos; es imperante que siendo uno de los tres poderes supremos del estado mexicano, debe gozar del respeto a su ejercicio, de autonomía e independencia en su actuar; es decir, por ningún motivo debe actuar bajo presiones incluso del presidente de la República, mucho menos del Poder Legislativo o de intereses particulares; de lo contrario, se atenta contra la soberanía nacional, pues las decisiones y resoluciones que emite, deben estar apegadas al derecho nacional e internacional al cuál México se ha obligado. Luego entonces, es obligación del presidente, como titular del Poder Ejecutivo, no solo guardar respeto a los dos poderes restantes; sino, en el caso del Poder Judicial, según el artículo 89, fracción XII de la Constitución, “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones”; pues el principio de independencia judicial, autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que los procedimientos se desarrollen en total respeto a los derechos de las partes. En tal sentido, pugnar y exigir el pleno respeto a las facultades y atribuciones a los tres poderes en nuestro país, debe ser una obligación de todo ciudadano como así se consagra constitucionalmente, defender nuestra soberanía, el respeto a las instituciones democráticas y cuidar en todo momento, el pleno e irrestricto respeto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que el Ejecutivo, protestó guardar y hacer guardar, pues lo contrario supondría una reforma a la misma a través del Poder Legislativo, que nos llevaría a un desequilibrio pues los contrapesos que nos han mantenido como Nación, podrían verse seriamente dañados, en consecuencia, nuestro pueblo seguiría en franca decadencia política.
La Voz de Michoacán
