Verónica Vega Cuevas Constitucionalmente todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos del país, mediante impuestos, aportaciones de seguridad social o contribuciones de mejoras y derechos y, a su vez, el estado tiene la obligación de recaudar, distribuir y administrar los ingresos generados por esos conceptos, para la operatividad del aparato gubernamental, traducido en la prestación de servicios públicos, así como de cubrir las necesidades que se presenten en la población. Sin embargo, actualmente vemos con mayor frecuencia que los particulares a través de empresas o de organizaciones de la sociedad civil, van asumiendo paulatinamente las responsabilidades que tiene el estado frente a la ciudadanía, como ejemplo de ello, tenemos a las áreas de la educación, la salud, la seguridad pública, asistencia social e infraestructura por mencionar algunas. Si bien es cierto que, los particulares pueden coadyuvar con el estado para garantizar u ofrecer los servicios que los gobiernos no cubren en su totalidad, lo cierto también es que, la responsabilidad de la satisfacción de esos servicios no es en su totalidad de los particulares; sin embargo, el estado ha dejado al descubierto la ineficacia de sus instituciones o dependencias, por no lograr cubrir las necesidades de la población. La mala administración de los recursos públicos en las dependencias gubernamentales, la inexperiencia de los funcionarios que asumen la titularidad de las oficinas y la corrupción, han hecho que los ciudadanos tengan un doble gasto para satisfacer sus necesidades más elementales ya que, no solo tienen que contribuir con el fisco, sino que además, tienen que hacer un gasto extra para recibir educación de calidad, contratar seguridad privada y todo lo que ello conlleva para sentirse un poco más seguros, contratar servicios de gastos médicos para poder ser atendidos de manera eficiente en hospitales de calidad y así, sucesivamente ir cubriendo las necesidades que el propio estado ha dejado de satisfacer. Mucho se habla de derechos, pero poco se habla de responsabilidad y peor aún, la actitud con la que algunos funcionarios se conducen, sin tener la más mínima conciencia sobre lo que representa asumir un cargo público, reconfortándose al saber que al final de su encargo, no tendrá ninguna responsabilidad si en ese periodo no hubo resultados positivos o no se cumplió con el programa anual y, aun así, se ejerció el recurso que estaba destinado a realizar obras públicas, o simplemente, a garantizar servicios de calidad. Todo ello porque desafortunadamente las leyes que se encargan de fincar responsabilidades de cualquier índole, siguen estando a modo, en beneficio de los políticos que se convierten en legisladores, posteriormente en servidores públicos y viceversa. Repito, el estado es el ente encargado de ofrecer y garantizar que todos los servicios públicos se proporcionen a la ciudadanía de manera eficaz y de vigilar que se cumplan con los estándares de calidad aceptados, sin embargo, cada vez esos servicios se prestan de manera deficiente, por lo que el ciudadano tiene que recurrir a los servicios particulares para poder satisfacer sus necesidades, destinando otra parte de sus recursos para poder recibirlos. Es importante reflexionar sobre este tema y preguntarnos si nuestros impuestos están siendo bien administrados y/o aplicados, no vaya a ser que estemos ante el inicio del fracaso de la administración pública, que haya descontento de la población trayendo como consecuencia la negativa de pagar impuestos, porque ¿qué caso tiene cumplir con mis obligaciones tributarias si finalmente estamos pagando a particulares por educación, salud y seguridad pública? Es urgente que las autoridades no solo revisen los informes que los funcionarios públicos les presentan en documentos, sino que además revisen las condiciones de los servicios que prestan y las obras que se reportan como entregadas a entera satisfacción, porque no es lo mismo entregar un informe con la conclusión de una obra por ejemplo de una carretera de 20 kilómetros y que en realidad solo estén concluidos 500 metros, o que se informe la conclusión de un hospital y que solo esté construido un 20% de obra, tiene que haber coherencia entre lo informado con la realidad, tiene que ser igual el informe con lo real, pero también se necesita que las responsabilidades empiecen a cobrar efectos y que se finquen las responsabilidades a quien corresponda, de esa manera, todos estaremos bajo el imperio de la legalidad. Definitivamente pagar impuestos es elemental para la supervivencia del aparato gubernamental, jurisdiccional y legislativo del país, pero sin duda es más importante que nuestros impuestos se traduzcan en servicios públicos de primera calidad, con infraestructura moderna y funcional, que satisfaga a todos los sectores de la población, que no haya pobreza, pero sobre todo, que no sea solo una utopía, que no se quede solo en el discurso de los políticos, urge que sea una realidad.
La Voz de Michoacán
