Ana Lilia Moreno Morales En México, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están protegidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en leyes secundarias y en los tratados internacionales. En nuestra Constitución, en su artículo 4º, se mandata que “…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”; en las leyes aplicables sobre la materia y esencialmente en los resultados de la Convención sobre los Derechos del Niño (del 20 de noviembre de 1989) promovida por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada en México el 21 de septiembre de 1990 y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (promulgada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, preceptuando en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, sus derechos… entre los principales, se destacan: Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; a la identidad, a vivir en familia; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso; al acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por consiguiente, las autoridades gubernamentales de los niveles: Federal, Estatal y Locales, desde el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos a las niñas, los niños y los adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición social, ética, étnica o de religión. De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. A partir de la ratificación de México de la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, ha cambiado la perspectiva que se tenía sobre la infancia: niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad; son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Lo que nos obliga a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. En la actualidad surge la duda sobre si tenemos la observancia irrestricta de los principios de mérito, ya que se requiere con urgencia una acción mundial coordinada por los gobernantes para evitar que la pandemia de COVID-19 se convierta en una crisis global de los derechos de los niños. Los gobiernos de todo el mundo han movilizado miles de millones de sus erarios públicos para salvar sus economías, pero si no actuamos en favor de la niñez, es posible que se produzca una tragedia inminente, como sería: la de una generación diezmada de nuestros niños. Por ejemplo, en el rubro educativo, si bien es cierto, se debe dar prioridad a la reapertura de las escuelas y centros educativos tomando todas las medidas sanitarias pertinentes para hacerlo en condiciones de seguridad y buen funcionamiento para garantizarles el derecho a la educación, pero ¿existen verdaderamente las condiciones adecuadas para ello? o se estará poniendo en riesgo la integridad física de los menores, ya que actualmente no cuentan con la vacuna contra el COVID 19 y sus variantes. O en el tópico de la salud, ¿es acaso que se avecina una crisis de supervivencia infantil? La situación de menores expuestos al hambre y a las enfermedades se ha agravado con los ya frágiles sistemas alimentarios y de salud al igual que se lleva una respuesta fragmentada y desigual al tratamiento y vacunación contra COVID 19 que se ha visto rebasado por cepas que periodo a periodo mutan a otras más peligrosas y mortales. Con carácter de urgente se tienen que establecer políticas públicas que garanticen plenamente que todas las niñas y los niños tengan acceso asequible y equitativo al diagnóstico, tratamiento y vacuna contra la COVID-19 y sus nuevas variantes como un conjunto integral de servicios básicos de salud. Porque no debe perderse de vista que las niñas y los niños integran la generación más importante de la humanidad, ya que son la mejor esperanza para nuestro futuro, significando que son los depositarios de nuestro legado sociocultural y constituyen también el factor fundamental de la cohesión de la sociedad. Contamos con un marco jurídico nacional e internacional vigente y eficaz, solo falta hacerlo valer en beneficio de nuestra niñez ¡Tenemos que salvaguardar sus inalienables derechos!
La Voz de Michoacán
