ANA LILIA MORENO MORALES A través de la historia ha quedado demostrado que el Estado de Derecho en México es una conquista, un gran esfuerzo de racionalización que se ha gestado progresivamente durante siglos, con múltiples luchas y aportes culturales de diversos sectores sociales que han buscado seguridad, reconocimiento de garantías y protección de sus derechos; lo que nos ha permitido constatar que es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y que se hacen cumplir por igual y con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de los Derechos Humanos. En México, el estado de derecho se encuentra contemplado en la Constitución Política en su artículo 133, donde se define que: “La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…” Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio, la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. Para llevar a cabo la implementación del estado de derecho se requiere de las Instituciones y entre los factores principales que miden el desempeño de las mismas se encuentran los contrapesos gubernamentales, ausencia de corrupción, un gobierno abierto con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la seguridad pública, aplicación eficaz de las normas, que exista efectividad y calidad en el sistema de justicia civil y penal para estar en posibilidad de garantizar la protección de los ciudadanos, un orden pacífico interno y evitar violaciones de los derechos humanos. Dichos factores nos indican fortalezas y debilidades institucionales en cada país para fomentar la creación e impartición de políticas públicas, acciones de los gobiernos para dar respuestas y soluciones a diversas demandas de la sociedad. En la vertiente política se contempla como un poder político cuyo objetivo es el desarrollo de la condición humana en la vida social, una dinámica que va desde la libertad de elección, hasta la autonomía moral a través de la creación de una organización social adecuada al desarrollo de esos objetivos. El estado de derecho es un factor esencial para el crecimiento económico, todos los países requieren crecer y llevar bienestar económico a sus poblaciones; lograrlo requiere de todos, autoridades y sociedad, que tengan un respeto irrestricto por el cumplimiento de las leyes para detonar mayores tasas de crecimiento y estar en posibilidad de atraer inversionistas para crear empresas y generar empleos mejor remunerados. En la sociedad se reduce la corrupción, se combate la pobreza y las enfermedades, se protege a las personas de las injusticias, constituye cimientos para crear comunidades prosperas y en igualdad de condiciones para todos. Los desafíos para el estado de derecho se constituyen al propiciar un amplio espacio para la reforma y mejoramiento de las instituciones existentes y para la búsqueda de los proyectos sociales legítimos que se sostienen desde la pluralidad de la vida colectiva en pro de una sociedad democrática más justa. El estado de derecho se viola cuando existe falta de medidas regulatorias claras y de violencia, principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en un país. Actualmente parece ser que México presenta buenas evaluaciones en gobierno abierto, es decir, que el gobierno comparte información y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, tiene enormes retos relacionados con la aplicación de las leyes, el respeto a los derechos humanos de sus habitantes, abatir la impunidad, la inseguridad y la corrupción, lo que lleva a no tener las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población ya que no existen igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia es deficiente y persisten violaciones a los derechos humanos. Las sociedades cambian y se modifican, las exigencias sociales también. El legislador debe estar atento a nuevas necesidades para darles cause y no se deteriore, para que continúe siendo un Estado protector en todos los sentidos. Se deben establecer urgentemente políticas de inclusión y desarrollo que fortalezcan a las instituciones y garanticen un acceso integral a la justicia, prevención, salud, trabajo, educación, donde las personas puedan gozar de un ambiente en equilibrio que les permita confiar en la autoridad y propiciar se logre la justicia social.
La Voz de Michoacán
