COLEGIO DE ABOGADAS DE MICHOACÁN Miryam Georgina Alcalá Casillas La Inteligencia Artificial (IA) ha impactado casi todos los ámbitos alrededor del mundo, desde la automatización y personalización de servicios, productos y procesos, el análisis de datos, el reconocimiento de voz o imagen, la conducción autónoma, la optimización de rutas, hasta en el ámbito legal, ha facilitado la predicción judicial o la implementación de asistentes virtuales. La IA puede ser una herramienta clave en la relación entre ciudadanía-Estado, de ahí que los gobiernos busquen integrarla en sus operaciones y en la prestación de servicios públicos; así vinculan a la ciudadanía con las instituciones de forma más directa e inmediata y promueven el procesamiento efectivo de grandes volúmenes de datos, facilitando la toma de decisiones informada y la aplicación de medidas ante problemas sociales. En países como Estados Unidos, se aprovecha la IA para servicios gubernamentales de atención médica, transporte y medio ambiente; por ejemplo, aplica medidas de protección para la población a través del análisis de riesgos meteorológicos. Singapur realiza diagnósticos asistidos, tratamientos personalizados con análisis de datos o monitoreo remoto de pacientes. España, monitorea el tráfico, los niveles de contaminación y consumo de energía, permitiendo a legisladores tomar medidas para reducir la huella de carbono y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Incluso la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado respecto a la importancia de abordar a la IA con un enfoque integral basado en derechos humanos que garantice que su aplicación sea en beneficio de todos. Aunque México tiene un panorama favorable para el desarrollo de IA y se están realizando esfuerzos desde diversos sectores para hacer más eficientes trámites y servicios, aun se tienen grandes retos. En primer lugar, está el rezago en la formación de talento especializado, pues el Índice Latinoamericano de IA, ubica al país en la quinta posición, en segundo, International Business Machines indica que solo 14 por ciento de profesionales de las TIC utiliza IA; de acuerdo con la encuesta anual Morning Consult, la inversión y capacitación en IA son escasas; y finalmente, siendo el criterio más importante; existe un evidente rezago en la legislación para abordar de manera certera la protección de derechos fundamentales; de integrar principios éticos y regulatorios para el concepto de algoritmos para que sean interpretados más allá de su carácter de fórmula matemática; y que las instituciones -públicas y privadas- procuren transparencia, publicidad y seguridad. Si bien en 2018 se presentó la Estrategia de Inteligencia Artificial por el Gobierno de México con la finalidad de impulsar el uso de la IA en todos los sectores del país, la Estrategia no ha tenido mayor relevancia ni aplicación, además de que no se ha avanzado en la protección y propiedad de datos personales, que está regulada parcialmente bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que si bien otorgan cierta protección tampoco regulan el uso de algoritmos. Apenas en 2023 se presentó la iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, que establece lineamientos de políticas públicas para la regulación ética y para crear un Consejo Mexicano en la materia; sin embargo, dicha propuesta de Ley no contempla mecanismos eficientes de protección de derechos humanos, no aborda la forma de operar tanto de organizaciones públicas como privadas ni la comunicación con los usuarios, tampoco menciona aspectos clave como la gestión de la seguridad de la red. Por lo anterior, para desarrollar, implementar y usar la IA en México, es trascendental reconocer la necesidad de proteger y reforzar los derechos humanos, pero en particular, garantizar que cualquier injerencia esté prevista por ley, persiga un objetivo legítimo, cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad, no perjudique la esencia de los derechos en cuestión; garantice el uso de las tecnologías de reconocimiento biométrico remoto en espacios públicos, pueda demostrar el cumplimiento de los estándares de privacidad, de protección de datos y la ausencia de problemas significativos de precisión e impactos discriminatorios. También, es necesario un marco jurídico que prevenga y mitigue los impactos adversos en los derechos humanos vinculados al uso de la IA; vigilar que las víctimas de violaciones y abusos vinculados al uso de sistemas de IA tengan acceso a recursos efectivos; así como verificar que las alianzas público-privadas en la provisión y el uso de IA sean transparentes y estén sujetas a una supervisión; proporcionar o cooperar en la reparación a través de procesos legítimos cuando hayan causado o contribuido a causar impactos negativos en los derechos humanos.
La Voz de Michoacán
