Bernardo León “Es natural, en los países democráticos, que los miembros de las asambleas políticas piensen más en sus electores que en su partido, mientras que en las aristocracias les preocupan mas sus partidos que sus electores.” Alexis de Toqueville Las elecciones para gobernador, diputados locales o ayuntamientos son muy disputadas y competitivas, la lucha por el control del gobierno estatal, la legislatura y los ayuntamientos son caras, intensas, agrías y en ocasiones violentas. Sin embargo, en los ciudadanos hay un poco de decepción y escepticismo porque tanto el gobernador, como los diputados locales y los ayuntamientos tienen muchas limitaciones legales y presupuestales para resolver los problemas o desarrollar las propuestas que prometieron en campaña. Gestionar recursos, proyectos y atención para el estado y los municipios ante la federación parece la tarea principal del gobernador y los presidentes municipales, más que gobernar. Por su parte, los diputados locales (y por tanto el estado) han perdido tantas facultades frente a la federación que da la impresión que no tienen poder. Cuando se publicó la Constitución General de la República el 5 de febrero de 1917, el artículo 73 (que enumera las facultades del Congreso Federal) consistía en 31 fracciones y contenía mil 498 palabras. Ahora con 85 reformas (por mucho el mas reformado de la Constitución) tiene las mismas 31 fracciones, pero con 3 mil 660 palabras. Por su parte, el artículo 124 constitucional señala que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entenderán “reservadas a los Estados”. Dicho de otra manera, 31 facultades a la federación y el resto al Congreso de Michoacán. El dato podría pasar simplemente como una curiosidad si no fuera porque el aumento de palabras ha ido en detrimento del federalismo y de la capacidad de Michoacán de resolver sus problemas y de desplazar una gran cantidad de decisiones que deberían tomarse localmente, de Morelia a la Ciudad de México. No solamente es el hecho de que el 98 por ciento del presupuesto estatal y de casi todos los municipios se decida en la Cd. de México, bajo la lógica de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos que controla el Congreso de la Unión, sino la falta de facultades locales en materia de seguridad y justicia que enfrentamos. Resolver el grave problema de homicidios, las tomas de vías de ferrocarril y carreteras por los sindicatos de maestros, los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, etc., siendo muy estrictos, no son competencia de las autoridades locales sino de la federación porque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las leyes de caminos y autotransporte federal, de vías generales de comunicación, etc., así lo prescriben y les dan un “pretextazo” a las autoridades locales para no responsabilizarse de la solución del problema. Derivado de las reformas al Artículo 73 el Congreso ha promulgado por lo menos 50 leyes generales y otras tantas nacionales que van desde la cultura física y el deporte hasta el código de procedimientos penales, que deben asumir obligatoriamente los congresos y autoridades en las leyes locales, lo que implica que cualquier cambio, en realidad tiene que hacerse en la Ciudad de México no en el Congreso de Michoacán. Según el artículo 71 de la Constitución, es facultad de las legislaturas locales iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, tal vez los diputados locales deberían proponer reformas al 73 para que les regresaran algunas de esas facultades y poder resolver muchos de los problemas localmente. Tal vez el gobernador y los alcaldes deberían escoger entre funcionar en la práctica como delegados del gobierno federal o como gestores de recursos y políticas federales o gobernar Michoacán. Escoger entre la república michoacana del federalismo o el centralismo democrático del que hablaba Lenin en su el panfleto ‘¿Qué hacer’, de 1902. @bernardomariale
La Voz de Michoacán
