Boris González Ceja Derivado de la armonización legislativa que han emprendido varias entidades del país con respecto a la legalización del aborto, se ha puesto de moda la discusión sobre la objeción de conciencia, a la que el personal médico apela, para no llevar a cabo un procedimiento que a su parecer, pondría en entredicho su ética profesional; y donde los pacientes tienen el derecho de obtener atención medica de calidad, lo que implica un conflicto que se puede solucionar. La objeción de conciencia se refiere a priorizar por los médicos los valores y la ética al cumplimiento de una ley, según la cual, al objetor, por profesar determinadas ideas, no le corresponden las imposiciones del orden jurídico. Para considerar que la objeción de conciencia es genuina y no una simulación del personal médico, se requiere que se argumente por escrito una creencia ética o religiosa sincera. Que el profesional de la salud no desconoce la información científica relevante respecto de la práctica que se cuestiona. Que el médico no actúa movido por el deseo de aliviar su carga de trabajo. Que no es movido por creencias discriminatorias o a favor de la imposición de creencias éticas o religiosas en los demás. Que existiría un daño serio a la integridad moral del prestador en caso de sujeción al deber profesional, y que no es admisible la objeción que se pretende ejercer solamente en una institución pública. Entre el derecho a la objeción de conciencia (personal) y el derecho al acceso a la administración de servicios de salud (derecho superior de la niñez y la mujer), debe prevalecer este último. Las normas jurídicas que reconocen el derecho de los objetores no relevan a los profesionales y las asociaciones que los nuclean de un profundo análisis ético que pondere este derecho con los riesgos creados a los pacientes, el impacto discriminatorio de la práctica y sus efectos en términos de la erosión de la confianza en la profesión médica. La objeción no puede obstaculizar el acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva. En caso de admitirse la objeción, la derivación debe ser inmediata y la prestación de servicios de urgencia, también, por lo que queda clara la obligación del hospital de prestar el servicio de salud, independientemente de las creencias de su personal, máxime en el marco de una relación no igualitaria, como la que existe entre los prestadores de salud y los usuarios. La modificación del cuerpo de la Norma 046 de atención de la violencia en su numeral 6.4.2.7, nos indica que “El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas. De igual forma, 6.4.2.8. las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad. En el caso de la objeción de consciencia no podemos omitir los compromisos internacionales de México para la eliminación de la violencia contra la mujer, ni tampoco las legislaciones estatales con sus excluyentes de responsabilidad del aborto. También hay que tener presente el campo de aplicación de las normas, que son de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Conocemos del caso de médicos objetores de consciencia que dicen nunca practicarían un procedimiento de aborto legal en un hospital público por afectar sus valores, pero por 100 mil pesos si lo hacen en el hospital privado de enfrente. Altamente enjuiciable resulta, que muchos médicos apelen a la objeción de conciencia para no realizar procedimientos, pero se llenan los bolsillos al realizar ese tipo de procedimientos de manera ilegal. Causas y azares… La simulación de los presidentes municipales y sus esposas para obtener más poder y beneficios económicos a costa del erario es evidente cuando no solucionan problemas básicos de la ciudadanía como el bacheo, la limpieza pública o los programas de salud mental. El opaco Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra acéfalo y nos ha dejado sin protección en varias ocasiones al personal de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, por lo que acusamos su inoperancia. Hasta la próxima, que la verdad es que no podemos salir de nuestra conciencia. Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati
La Voz de Michoacán
