Claudia Luna Palencia México que tradicionalmente se había convertido en un expulsor de mano de obra nacional desde la década de 1940 ha visto transformarse en un puente para el resto de latinoamericanos deseosos de tocar territorio estadounidense. En promedio anual, 400 mil personas de otros países se adentran en México para cruzar hacia el otro lado de la frontera. Ha sido tal la presión del flujo de personas, que las autoridades aztecas han echado mano –desde 2006– de manera más intensa del uso de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad pública. Su tarea es apoyar en todo momento la política migratoria interna a la que este año se ha sumado la llamada Guardia Nacional con la que comparte acciones de control militar fundamentalmente en los cruces fronterizos. La realidad es que sobre todo la frontera con Estados Unidos está desbordada de cruces ilegales y el presidente Joe Biden está cada vez más acorralado por sus propias palabras y promesas migratorias incumplidas. Durante su campaña, en 2020, Biden aseguró que resolvería el problema de la inmigración. Sin embargo, ni teniendo en su momento a la Cámara de Representantes y al Senado lo hizo; ahora, con el cambio de tendencia a favor de los republicanos en la Cámara de Representantes todavía será más difícil sacar cualquier iniciativa sobre todo para regularizar a millones de inmigrantes. De por sí es difícil lograr un estatus legal en Estados Unidos. De acuerdo con Pew Research, en 2019 un total de 710 mil personas recibieron su residencia permanente y en 2021, se admitieron solo a 11 mil 411 refugiados es la cifra más baja desde que entró en vigor la Ley del Refugiado de 1980. Los motivos para ser admitidos son: un 69 por ciento por reagrupación familiar; otro 4 por ciento por el programa Visa; 8 por ciento por ser refugiados; un 14 por ciento por un contrato laboral y un 6 por ciento por otros motivos. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca mandó al Congreso un proyecto de ley integral para reformar el sistema de inmigración y desde entonces, no lo ha movido, sigue estancado porque no quiso cabildearlo lo suficiente cuando tenía ambas Cámaras bajo su control. El entorno político actual que rodea a la inmigración y a la seguridad fronteriza en los Estados Unidos no tiene precedentes en los tiempos modernos. Como resultado, tanto los republicanos como los demócratas, están confrontados con el tema y unos a otros se boicotean. Biden al asumir el cargo liberalizó las políticas fronterizas y de inmigración; evitó la deportación de las personas que llegaron siendo niños ilegales a Estados Unidos; frenó la construcción del muro, pero arreció las detenciones fronterizas. A colación El plan de Biden para ofrecer estatus legal a aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas en su país es una propuesta que no logró obtener suficiente apoyo bipartidista para convertirse en ley. En diciembre de 2021, en medio de un número récord de encuentros con migrantes en la frontera entre ambos países, Biden restableció una política del gobierno de Trump que exige que quienes lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México y busquen asilo esperen en México mientras se procesan sus solicitudes. Biden había cancelado anteriormente los Protocolos de Protección Migratoria o la política permanecer en México, pero meses después la activó de nuevo debido a una petición de la Corte Suprema tras las demandas de Texas. La vicepresidenta Kamala Harris ha estado especialmente envuelta en negociar con diversos países latinoamericanos estrategias de gestión migratoria colaborativa y temas de corrupción. Harris anunció un programa de más de mil 900 millones de dólares destinados al sector privado en Centroamérica para crear oportunidades de inversión; luego se impulsó otra cantidad adicional, por mil 200 millones de dólares al mismo sector. La idea es crear un ecosistema de oportunidades en la región. La preocupación por contener los flujos migratorios es a ambos lados de la frontera. Biden quiere una nueva ley migratoria y México, contener las llegadas mediante la militarización de la frontera que comparte con Guatemala y Belice. Hay inquietud por los contingentes que se forman desde América Central y el éxodo sudamericano porque los inmigrantes están siendo usados como un arma de presión y de castigo fundamentalmente contra Estados Unidos. La presión presupuestal por atender a miles de inmigrantes ilegales todos los días es creciente tanto para las arcas mexicanas como para las norteamericanas. @claudialunapale
La Voz de Michoacán
