Rafael Huacuz Elías Michoacán es un gran estado, prácticamente lo tiene todo, hermosas playas; bosques de montaña; grandes lagos; llanuras para cultivo; así como una gran diversidad ecológica. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de una extracción sistemática de sus recursos. Los cambios continuos en el uso de suelo y el impacto ambiental que enfrenta nuestro estado, reporta saldo negativo ante la naturaleza. La dependencia encargada de salvaguardad el medioambiente y ordenar el territorio en el estado es la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET); esta dependencia tiene orígenes más urbanos que ambientales, sus inicios datan de 1964 con la entonces Junta de Planeación y Urbanización del Estado, quien era el organismo encargado de la planeación y la obra pública; pero para 1980 desaparece como tal, y da paso a la Secretaría de Urbanismo y Obra Públicas; aunque en 1984 será dividida en dos dependencias: Comunicaciones y Obras Públicas (ahora SCOP) y Secretaría de Urbanismo; Para 1992 nuevamente se transformará en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), aunque para el año 2002 con una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública, se trasformará en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), la cual estará vigente hasta el 2015, cuando se divide en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, esta última permanecerá en funciones hasta el 2017, cuando por decreto de ley será eliminada, para dejar paso solamente a la actual Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET). Es a la SEMACCDET, es a quien le corresponde aplicar y vigilar el cumplimiento del marco normativo estatal y federal en materia de medioambiente, desarrollo territorial, urbano y movilidad, pero prácticamente ha tenido una incipiente participación en lo que corresponde a la parte territorial y urbana. Por ejemplo una de sus atribuciones es la de elaborar, promover y difundir el uso de instrumentos técnicos, participativos, económicos y jurídicos para la gestión de suelo, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como regular, normar y establecer --de acuerdo a la vocación del suelo, al valor, características naturales, ambientales y a las políticas de desarrollo urbano--, el ordenamiento del territorio del Estado (POE, junio 2017). Pero en la realidad las acciones de esta dependencia distan mucho de cumplirse, por ejemplo la ley le otorga la atribución para inducir el desarrollo territorial y urbano ordenado, a través de la regularización de uso de suelo en los centros de población, en coordinación con los municipios y las dependencias federales, sin embargo, este desarrollo territorial y urbano ha dejado como saldo más del 45% de uso de suelo modificado en todo el estado, así como ciudades dispersas, disgregadas y desarticuladas ante la incipiente política territorial y urbana en Michoacán. Si bien la administración entrante tendrá la tarea de hacer una revisión exhaustiva del estado que guarda los recuros aplicados en planenes y programas de la dependencia; a nosotros los ciudadanos nos toca emitir una opinión informada respecto a las condiciones territoriales y urbanas que podemos observar; por ejemplo algunas notas periodísticas afirman que en Michoacán existen 260 mil asentamientos irregulares (Quadratin, 2011); dato que me parece desproporcionado aunque efectivamente en Morelia existen poco más de 237 colonias irregulares (El Sol de Morelia, enero 2020). Una encuesta Intercensal del INEGI (215) captó por primera vez información sobre la existencia de escrituras o título de propiedad de la vivienda, lo cual permitió distinguir las viviendas según si los ocupantes tienen o no asegurada su tenencia patrimonial, de los datos recabados sabemos que el Estado existen 1 191 884 viviendas, de las cuales, sólo el 63.2% sus ocupantes tienen una escrituras a nombre de la dueño (a); el 15.8% están a nombre de una persona que no reside en la vivienda y el 18.7% no existen escrituras o se ignoran si existen y por tanto su tenencia no es segura. Por tanto, los grandes retos están por venir, no bastarán las modificaciones que se realicen a la Ley Orgánica de la Administración Pública, también se requieren especialistas al frente de las dependencias estatales que sean conscientes de sus capacidades formativas y además sean sensibles en las demandas ciudadanas. El poder emana del pueblo y este a quien los gobernantes tienen que entregar cuentas como principio fundamental de nuestra democracia, revisar presupuestos asignados, convenios celebrados y avances presupuestales de los programas gubernamentales del Estado, es sólo el primer paso para una verdadera transformación de Michoacán para el siguiente sexenio.
La Voz de Michoacán
