Marianela Baltazar Téllez El acceso a la justicia para las mujeres indígenas es un tema de crucial importancia en el ámbito jurídico y social, que ha sido objeto de estudio y análisis desde diversas perspectivas, incluyendo la feminista, de género e intercultural. Su relevancia radica en que el acceso a la justicia no se limita a un mero trámite burocrático, sino que implica la posibilidad real de que las mujeres indígenas puedan ejercer sus derechos y obtener respuestas judiciales justas y adecuadas a sus situaciones específicas. Las concepciones dogmático-formalistas del Derecho han concebido este último como un conjunto de normas abstractas propias de un determinado lugar, sin tomar en cuenta los aspectos sociales, culturales y de género relacionados con su creación y aplicación. Esta visión monista del Derecho ha generado diversas barreras y obstáculos al acceso a la justicia para las mujeres indígenas, quienes han enfrentado discriminación y desigualdad al momento de acudir a los órganos jurisdiccionales, lo que les ha impedido obtener una respuesta judicial justa y oportuna en sus disputas legales. Una de las principales barreras que afectan a las mujeres indígenas en su búsqueda de justicia es el alto costo económico asociado al proceso judicial, como lo son: los gastos directos, que incluyen los honorarios de abogados, aranceles judiciales y otros servicios legales; los gastos indirectos, relacionados con la gestión del caso y que implican gastos en transporte, alimentación, permisos de trabajo, entre otros; y los costos de oportunidad, que surgen debido a la prolongada duración de los procesos judiciales. Es importante señalar que estos costos legales no toman en cuenta los "gastos ocultos" como lo son las "propinas" a los servidores públicos, una práctica que lamentablemente todavía persiste y agrega una carga adicional a quienes buscan justicia. Considerando que un proceso judicial puede tener un costo que oscila entre los 15 mil pesos y los 25 mil pesos, es fácil comprender cómo estos gastos pueden representar una verdadera barrera para las mujeres indígenas. Las cifras revelan que la pobreza laboral en México sigue siendo un problema significativo, alcanzando un 37.7 por ciento durante el primer trimestre de 2023 (Coneval). Adicionalmente, más del 70 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, y se suma a esto la disparidad salarial entre personas de piel morena y personas blancas, donde las primeras ganan en promedio un 40 por ciento a 50 por ciento menos. Ante esta realidad, surge una inquietante pregunta: ¿cuántas mujeres indígenas mexicanas estarían en condiciones de pagar para acceder al sistema de justicia y resolver un conflicto? La respuesta es alarmante, ya que es evidente que estas barreras económicas y sociales excluyen a muchas mujeres indígenas de la posibilidad de acceder a la justicia de manera efectiva. Por lo tanto, es fundamental reconocer que el derecho de acceso a la justicia trasciende el simple acceso equitativo a los órganos estatales de justicia. Las mujeres indígenas han buscado y accedido a la justicia desde el Derecho Indígena, a través del cual han dado resolución a sus controversias. La garantía de acceso a la justicia implica, entonces, la posibilidad de que un conflicto entre partes sea resuelto por una autoridad facultada para ello. En el marco de la jurisdicción indígena, existen diversas autoridades legitimadas para dar respuestas prontas y expeditas a los conflictos planteados por las mujeres. Es relevante resaltar que los procedimientos y normas en el ámbito indígena no serán idénticos a los utilizados por los órganos jurisdiccionales estatales. Es decir, la justicia indígena y la justicia estatal comparten elementos y valores, pero también existen diferencias en cuanto a concepción de cohesión social y la integridad cultural en cada uno de estos contextos y sistemas. Para los pueblos y comunidades indígenas, la justicia impuesta por sus autoridades tiene como objetivos principales la conciliación y la restauración de la paz social, en lugar de funcionar meramente con una finalidad punitiva. Es esencial reconocer y visibilizar las múltiples barreras y desafíos que estas mujeres enfrentan al intentar acceder a la justicia. La discriminación y la desigualdad que han padecido son consecuencia de estructuras patriarcales arraigadas en el sistema jurídico y social, las cuales han limitado su capacidad para ejercer plenamente sus derechos y obtener respuestas justas ante sus situaciones particulares. Además, los altos costos económicos asociados al proceso judicial han actuado como una verdadera muralla que impide a muchas mujeres indígenas acceder a la justicia. La lucha por la igualdad y la equidad debe incluir la demolición de estas obstrucciones y la creación de un sistema jurídico que responda a las necesidades y realidades de las mujeres indígenas, garantizando así un acceso pleno y sin discriminación.
La Voz de Michoacán
