Sergio Béjar López* El coche bomba que detonó en Coahuayana el 6 de diciembre dejó cinco personas muertas y doce heridas. Los dos ocupantes del vehículo murieron al detonar los explosivos frente a la comandancia de la Policía Comunitaria. Los medios respondieron con la narrativa predecible de siempre: un episodio de violencia espectacular basta para declarar fracasado cualquier esfuerzo gubernamental. Esta lectura ignora una complejidad fundamental. El Plan Michoacán ha entregado resultados sociales documentados mientras enfrenta violencia estructural que ninguna política social resuelve en semanas. Lo que necesitamos entender son los plazos realistas para una estrategia que apuesta por atender causas estructurales en lugar de replicar la militarización que fracasó entre 2006 y 2018. Los números del Plan Michoacán son verificables y fueron presentados por el gobierno federal el 9 de diciembre. Entre el 17 de noviembre y el 9 de diciembre se realizaron 405,375 visitas domiciliarias en 102 municipios con participación de 3,529 servidores públicos de Bienestar y otras dependencias. La meta es alcanzar 1.2 millones de viviendas. Las siete Ferias del Bienestar atendieron a 74,236 personas con trámites civiles, servicios de salud y asesoría jurídica. Más de 35,000 jóvenes participaron en actividades de paz y 45,643 crearon 369 mosaicos en 74 municipios. Se abrieron convocatorias para 70 nuevos planteles educativos. Esta infraestructura social no existía antes del Plan. Municipios abandonados institucionalmente ahora tienen presencia sistemática del gobierno federal. Simultáneamente, la violencia continúa. El coche bomba en Coahuayana no fue el primero, ya había ocurrido otro ataque con explosivos en febrero de 2024. La Secretaría de Marina identificó confrontación directa entre Policías Comunitarias y el Cártel Jalisco Nueva Generación por control de rutas de trasiego. Los asesinatos de alcaldes muestran la magnitud del desafío. Desde octubre de 2021, siete presidentes municipales han sido ejecutados. Enrique Velázquez Orozco de Contepec en febrero de 2022. César Arturo Valencia Caballero de Aguililla en marzo de 2022. Guillermo Torres Rojas de Churumuco atacado en una taquería de Morelia. Yolanda Sánchez Figueroa de Cotija asesinada en junio de 2024 tras sobrevivir a un secuestro previo. Salvador Bastida García de Tacámbaro y Martha Laura Mendoza de Tepalcatepec ejecutados en junio de 2025. El asesinato que detonó el Plan fue el de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ejecutado el 1 de noviembre mientras encabezaba el Festival de Velas rodeado de miles de personas. Michoacán lleva décadas bajo control territorial fragmentado entre cárteles. La pregunta central es si la política social puede reducir la violencia criminal de mediano plazo. La respuesta comparada es sí, pero con plazos largos. Por ejemplo, Colombia invirtió dos décadas combinando presencia estatal e inversión social para reducir violencia en regiones bajo control de paramilitares y guerrillas. Brasil tardó 15 años en reducir homicidios en favelas mediante UPPs y programas sociales. Michoacán tiene apenas tres semanas de Plan sistemático. Esperar que la violencia acumulada durante 20 años desaparezca en menos de un mes es una expectativa políticamente conveniente pero analíticamente insostenible. México carece de cultura política para sostener estrategias de largo plazo. Cada episodio violento genera presión para abandonar el plan y regresar a una militarización que sabemos fracasa. El desafío real no es si la estrategia es correcta, sino si tiene capacidad operativa para sostener presencia estatal en territorios donde el gobierno federal compite con cárteles por legitimidad mientras enfrenta sabotaje sistemático. Las 405,375 visitas domiciliarias requieren coordinación entre dependencias federales, gobiernos municipales y estructuras comunitarias. Cuando alcaldes son asesinados, esa coordinación se fractura. Cuando productores deben pagar extorsión para transportar mercancía, la inversión federal pierde efectividad. El Plan enfrenta violencia de grupos criminales que entienden perfectamente que la presencia estatal sostenida erosiona su control territorial. La evidencia comparada sugiere que las estrategias basadas en atención de causas estructurales funcionan solo si se mantienen durante años y se combinan con capacidad policial efectiva. Michoacán necesita simultáneamente programas sociales y coordinación de seguridad que proteja operadores. Si el Plan sostiene la inversión social y amplía su cobertura de 102 a 113 municipios sin abandonar territorios después de la primera oleada mediática, comenzará a construir presencia estatal real que compite efectivamente contra el control de los cárteles. Si cada episodio de violencia genera presión para cancelar el Plan y regresar a operativos militares, habremos confirmado que México carece de capacidad para sostener estrategias de largo plazo. La lección no sería que política social no funciona, sino que nuestra cultura política premia soluciones inmediatas imposibles sobre construcción institucional sostenible. *Director de la División de Estudios Políticos, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE
La Voz de Michoacán
