La Voz de Michoacán La firma de pago por servicios ambientales a Michoacán no es un logro menor y se anota, a ocho meses de que inició el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, como la carta mejor jugada en la presente administración. El asunto toma mayor relevancia cuando se tiene el caso de Monterrey, sufriendo por un histórico desbasto de agua que ha minado todo lo que habían ganado en aquella región los gobiernos emanados del llamado Movimiento Naranja. Ciertamente el tema no es nuevo y desde la época de Silvano Aureoles se buscó concretar un acuerdo de este tipo de la mano de Conagua, en donde seguramente lo que más faltó fue la voluntad política de las otras partes involucradas. Pero acceder a esa voluntad política también tiene sus méritos, más allá de estar alineados a un mismo movimiento partidista. Evidentemente que también el miedo de que a la capital del país le pase lo mismo que a la Sultana del Norte tuvo mucho que ver, sobre todo cuando en los últimos años las aportaciones del Oriente michoacano al Sistema Cutzamala se han ido mermando debido a la proliferación de sistemas ilícitos agrícolas para extraer el vital líquido. El huachicoleo del agua, se refirió sobre el fenómeno el gobernador Ramírez Bedolla, quien en cambio propuso extender títulos de explotación, no tanto como un gesto de buena voluntad hacia los propietarios de los sembradíos, sino más bien como una forma de establecer un censo sobre quién, cómo y dónde está extrayendo el agua. Dicho sea, esto también debe abonar a solucionar otro problema de años en la región: la falta de tecnificación del campo, especialmente en lo que se refiere a sistemas de riego y distribución de agua. El no hacerlo le estaba costando más caro ambientalmente a la entidad y lograron detectarlo a tiempo.
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