La Voz de Michoacán La salida que encontró el gobierno de México a la rápida expansión de los grupos de autodefensa en 2014 fue otorgarles uniforme y charola en la Fuerza Rural, institución que se creó con esos fines en la Secretaría de Seguridad Pública. En ese año, comenzó la extinción “oficial” del movimiento armado que surgió un año antes. Sin embargo, los riesgos que desde entonces se asomaban era la infiltración de criminales en las corporaciones. Hoy, la coyuntura pone nuevamente al gobierno frente a la necesidad de desarticular a los grupos de autodefensa –identificados como legítimos- en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales y Nuevo Urecho. Ahí, la inseguridad se convirtió en un problema insoportable que obligó a los lugareños a organizarse, levantarse en armas y enfrentar directo, pecho a pecho a los criminales. La población les brindó su respaldo. La Secretaría de Seguridad Pública ahora tiene la misión de invitar a esa población que realiza funciones de policía en esos municipios, con la idea de que nadie actúe al margen de la ley. Sin embargo, existe desconfianza y cerrazón, con justa razón, después de que la delincuencia organizada se infiltró de manera rápida y controló esta franja, en donde era a diario la violencia producto de enfrentamientos armados. En 2014, la presencia de los grupos de autodefensa llegó a la treintena de municipios, sin embargo, de manera gradual se fueron infiltrando por personas que fueron identificadas como “perdonadas”, es decir, aquellas que cometieron delitos y operaron a favor del grupo hegemónico y más tarde se convirtieron en sus verdugos. Ahora, el fenómeno de autodefensas es distinto. Es la población la que está armada, la que defiende su patrimonio. El gobierno tiene la encomienda de meter a todos al marco legal, sin embargo, para que eso ocurra primero se tienen que garantizar condiciones de seguridad para quienes levantaron el movimiento armado, para el patrimonio de las mismas personas, y de sus familiares, de lo contrario, es inminente que se conviertan en las primeras víctimas de la delincuencia, que no se ha ido, sólo está agazapada esperando cualquier descuido. El acuerdo es que se reforzará la seguridad, y es un buen inicio, sin embargo, ésta se debe garantizar plena y constantemente, pues el pronóstico es que de lo contrario es probable que no existan las condiciones para deponer las armas y sumarse a las corporaciones. Parece un déjà vu.
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