Emiliano Medina Han pasado 142 días desde el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Casi cinco meses y el motivo del asesinato sigue sin ser esclarecido. Ya han caído varios de los implicados. “El licenciado”, quien habría sido el autor intelectual, “El Pelón”, posible reclutador de jóvenes sicarios y “El Congo” quien habría sido el segundo al mando. Además de “El Kaoz” y “El taxista”; al momento va una veintena de detenidos por su relación con el homicidio. Aun así, este caso revela una verdad incómoda sobre el crimen organizado y sobre el Estado: ante la ausencia del segundo, el primero no necesita demasiado para demostrar su preeminencia. Desde la teoría política, el Estado es la conjunción de territorio, población y soberanía. Weber define al Estado como la institución que posee el monopolio legítimo de la violencia en su territorio. En México, ese monopolio ha sido disputado de distintas formas. La más visible fue el movimiento de autodefensas en 2013. Sin embargo, gran parte de esta resistencia civil fue desvirtuada, infiltrada y cooptada por el crimen organizado. Este ha diversificado sus operaciones con la misma lógica que una empresa: especialización, cadenas de suministro y división del trabajo. La diversificación en diferentes actividades muchas veces depende de su tecnificación. Un ejemplo de una actividad logística con una cadena de producción compleja es la producción y venta de droga. Se necesitan insumos, laboratorios, transporte y distribución para obtener los réditos de la actividad. En todo el proceso están involucrados desde campesinos, choferes y químicos hasta agentes aduanales, policías y sicarios. En contraparte, existen actividades más violentas y menos sofisticadas, como el secuestro y la extorsión. De acuerdo con el investigador Carlos Pérez Ricart, el móvil de la diversificación son las armas, pues el acceso a armamento sofisticado ha hecho que los cárteles desplacen al gobierno y otras células delictivas para imponer su ley y establecer su mercado. Ello les ha permitido ocupar el espacio del Estado. No obstante, existe una expresión de violencia que no responde a esa lógica de tecnificación ni de sofisticación: el asesinato de actores gubernamentales. Se ha argumentado que matar alcaldes es malo para el negocio, pues intensifica la presencia policial y dispara el número de detenciones. Poco ha parecido importar. En 2025 fueron asesinados ocho alcaldes, tres de ellos en Michoacán. Esta cifra no es menor ni un dato aislado: en lo que va del siglo han sido asesinados 94 alcaldes en México, uno cada tres meses en promedio. En el mismo periodo, en Estados Unidos ha sido asesinado uno. No existe comparación El crimen no necesita un arsenal sofisticado ni una cadena logística compleja para ejecutar a un presidente municipal. Le basta con el vacío que deja el Estado. Estos asesinatos no se rigen como los intentos de magnicidio en Estados Unidos. No se trata de individuos con inestabilidad mental actuando por cuenta propia. En poco se parecía Thomas Matthew Crooks, quien tenía 20 años cuando intentó asesinar a Donald Trump, con Víctor Manuel Ubaldo Vidales, tirador de 17 años quien asesinó al alcalde Carlos Manzo. Como se ha dicho, el primero se regía por un móvil ideológico mientras que el segundo respondía a la lógica del mercado criminal: fue contratado, pagado y desechado. Los dos tiradores fueron objeto de violencia. Crooks, víctima de acoso escolar y Ubaldo por el abandono de toda una generación rechazada por su condición económica y social, en búsqueda de una identidad; esa necesidad de pertenencia y reconocimiento, aunque sea a través de los grupos criminales. Sin embargo, el primero fue abatido como criminal solitario y el segundo como un instrumento del crimen. Los dos responden a fenómenos diferentes. El asesinato de Carlos Manzo recuerda que el crimen no necesita de una gran sofisticación para reafirmar su preeminencia. El abandono estatal hace posible que un menor de edad sea reclutado para asesinar a un presidente municipal. No necesitó de mucho: un arma en el lugar indicado. Hoy, la lógica del mercado impuesta por el crimen permite dictar quién vive y quién muere. La pregunta que queda abierta no es cómo fue posible el asesinato de Carlos Manzo, sino cuántos Víctor Manuel Ubaldo siguen siendo reclutados hoy, mientras el Estado sigue llegando tarde. emilianomedina19@outlook.es
La Voz de Michoacán
