Emiliano Medina El pasado 30 de julio se informó sobre la detención en Jalisco de Ramón Ángel 'N', o El R1. Se le acusa -entre otros delitos- de ser el autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. A pesar de su detención, el caso sigue dando de qué hablar y el móvil no resulta tan claro: después de 31 personas detenidas por el asesinato del alcalde, ¿se puede decir que se ha hecho justicia? Lo ha advertido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch: "conforme vayan avanzando las audiencias se dará a conocer la información. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían -literalmente lo mencionan- una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal". A la espera de esa información, el principal indicio que ha compartido la autoridad es que al alcalde lo asesinaron por sus acciones, por serle incómodo al crimen. Lo cual es, en sí mismo, revelador. El caso -como gran parte de lo que ocurre- se ha politizado. Hasta hace pocos días, por la Fiscalía General de Michoacán desfilaban algunos de los nombres de mayor peso en la política estatal. A su vez, existe un enfrentamiento frontal entre cuadros importantes de Morena y la viuda del alcalde y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. El propio hermano del alcalde, Juan Daniel Manzo Rodríguez, ha intervenido acusando de oportunistas a varios personajes que han lucrado electoralmente con la tragedia. Son muchas las interrogantes que surgen con este caso, y la mayoría probablemente queden sin respuesta. No obstante, en medio de las declaraciones cruzadas, de las acusaciones y del oportunismo político, surge una pregunta que considero devastadora y reveladora a la vez: si Carlos Manzo fue asesinado -al lado de su hijo pequeño, en un espacio público y en pleno festival- por "ser incómodo para el crimen", entonces, ¿cómo se debe gobernar en estados marcados por el histórico contubernio entre política y crimen organizado?, ¿en qué momento se antepone la seguridad personal al deber público?, ¿qué se ha hecho y qué se debe hacer? Sandra Ley y Guillermo Trejo son los académicos que más luz han puesto sobre este fenómeno. Ambos lo rastrean hasta la alternancia democrática en las gubernaturas -Ernesto Ruffo, hoy preso, fue el primer gobernador de oposición, en 1989-. La transición demarcó el fenómeno. Antes de ella, los funcionarios toleraban todo aquello que operaba en lo que los autores llaman la "zona gris de criminalidad", pues se beneficiaban a cambio de sobornos y del uso de esos grupos para sus propios intereses -en Votos, drogas y violencia (2020) se analiza el fenómeno con detalle-. Con la alternancia partidista, sin embargo, fueron removidos actores clave encargados de proteger a los grupos criminales, lo que los orilló a armarse y a atacar a quienes quedaron desprotegidos. De ahí, rastrean los autores, surgieron las primeras células, como La Línea del Cártel de Juárez y las más violentas como Los Zetas. Si esta es parte de la historia del conflicto, me temo que su conocimiento aporta poco a la solución. La colusión entre crimen y gobierno es antiquísima, y en la historia moderna la violencia se ha recrudecido al ritmo de la expansión de los grupos criminales. Me temo, entonces, que no es posible hablar de justicia ni de solución. El caso de Carlos Manzo se une a una larga lista de alcaldes asesinados que resultaron demasiado incómodos para ser tolerados por algunos grupos. Este es el elefante: parece muy difícil hacerle frente al crimen sin poner en riesgo la vida, más aún en un entorno local. El resultado es una trampa en la que gobernar con ética y sobrevivir se vuelven, demasiadas veces, objetivos incompatibles. Mientras esa incompatibilidad siga en pie, no habrá detención que alcance para llamarle justicia a lo ocurrido. La pregunta, entonces, deja de ser cómo castigar y pasa a ser una mucho más incómoda: ¿Cómo transformar sin incomodar?, ¿será mejor hablar más bajo? emilianomedina19@outlook.es
La Voz de Michoacán
