La LGSPD en Michoacán Horacio Erik Avilés Martínez La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), normatividad recientemente abrogada, fue conformada en aras de romper con la opacidad y la corrupción imperantes en la entrega de plazas docentes y ascensos en el sistema educativo nacional. Sin embargo, también contenía una serie de puertas traseras y vacíos para poder realizar actos discrecionales, contrarios al espíritu de la norma. Para poder dar cauce a intereses particulares, se idearon artificios legaloides y transgresores de los derechos de los docentes, pero que resultaron lucrativos para unos cuantos, así como fueron en la práctica, despresurizadores políticos para las autoridades establecidas. Tristemente, muchas de las triquiñuelas más perversas, estentóreas e infamantes para violar la intención de quienes diseñaron la normatividad fueron ideadas e implementadas en el sistema educativo michoacano. Por ejemplo, en cuanto al ingreso al servicio profesional docente, algunas de las irregularidades que se observaron fueron la emisión de convocatorias a concursos de oposición con anexos técnicos donde se señalaba que el total de plazas disponibles era cero, lo cual motivó en su momento quejas y procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores públicos convocantes; concurso de plazas federales que resultaban ser trocadas por estatales en la práctica; concursos de 20 horas/semana/mes que resultaban ser solamente 12 o 10; concursos de plazas de un tipo que resultaban ser de otro; nunca se contaba con plazas docentes suficientes para satisfacer la demanda de docentes en las escuelas, entre otras irregularidades. Simultáneamente, se suscribían contratos temporales para los egresados de escuelas normales, quienes, sin estar titulados de la licenciatura, ni participar en concursos de oposición accedían libremente a los contratos. Las plazas semiautomáticas cundieron a raudales durante este lustro, estimándose que hubo más de tres mil beneficiarios de esta práctica, a quienes tampoco se les asignó una plaza definitiva, pero con la consecutividad de los contratos que les fueron entregados, podrían entablar una ruta legal para garantizar su estabilidad laboral. El orden de prelación no siempre se respetó, así como que en muchas ocasiones, las adscripciones más alejadas se otorgaban a profesionales en los primeros lugares de prelación, mientras que los últimos lugares escogían espacios en Morelia, dado que se ponian a disponibilidad tales vacantes ya habiendo asignado las comunidades de aprendizaje más distantes en una primera etapa. Asimismo, si bien el número de plazas está a disposición de las gestiones que se realicen ante la Federación, nunca se transparentaron las gestiones ni se comprendió por qué no se dio un proceso paulatino de sustitución de plazas estatales por federales. En cuanto a los exámenes de permanencia, también sucedieron una gran cantidad de irregularidades, comenzando porque en varias ocasiones se omitió su realización, hasta que finalmente avanzó el proceso, pero el sorteo de los trabajadores de la educación a ser evaluados no se respetó y finalmente el número de los evaluados se solventó mediante dádivas ofrecidas a los trabajadores de la educación, especialmente aquellos que pertenecen a grupos gremiales o militan en fracciones sindicales de ideología institucional. Hubo momentos en los que se ofrecieron incrementos salariales, pago de viáticos, un bono directo, alimentación, acceso a créditos y hospedaje para acudir a realizar el examen de permanencia a Morelia Se implementaron impresionantes operativos de seguridad para lograr realizar los exámenes de permanencia, pero finalmente hubo vicios de origen en ellos, las falencias estuvieron dentro del proceso y no fueron propiamente propiciadas por la CNTE, sino por la propia autoridad, en aras de mostrar resultados. La propia presencia de la fuerza pública no hizo sino refrendar la imagen de que la evaluación resultaba ser punitiva. En lo que respecta a los exámenes de promoción docente, se dieron una gran cantidad de atropellos hacia quienes ganaron una clave de director o supervisor por oposición, dado que sufrieron toda clase de vejaciones. Por otra parte, también hay que decirlo, la propia falta de promoción y de posicionamiento de los exámenes establecidos por el Servicio Profesional Docente motivaron muy poca competitividad entre los aspirantes. Hubo concursos en los que había tres plazas disponibles y solamente dos participantes, con lo cual, el puntaje mínimo para ser acreditado como idóneo bastaba para acceder inmediatamente a una plaza docente o directiva. Este es un efecto indeseado, ya que se trataba de que la participación de los profesionales de la educación en esta clase de certámenes fuese amplia, masiva, para garantizar que fuesen efectivamente los mejores expertos disponibles en el mercado laboral quienes accediesen a una plaza docente o directiva, lo cual en muchos casos evidentemente no sucedió porque prácticamente ganaron por default. En suma, hubo una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades expresas y vacíos en apenas un lustro de historia de la Ley General del Servicio Profesional Docente en Michoacán, donde la corrupción, la simulación, la indolencia y el boicot fueron una constante que perjudicó en primera instancia a los profesionistas que participaron en los procesos evaluativos, pero donde los grandes afectados fueron las niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos que estudian en escuelas públicas, a quienes les coartaron el derecho a contar con los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral como garantes de su derecho a aprender. eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
