Erik Avilés Martínez El martes pasado, los diputados integrantes de la LXXV Legislatura del Congreso Local aprobaron en sesión el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2024 (PPEMICH24) cuyo dictamen fue elaborado por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública. En él PPEMICH24 aprobado, no hubo un solo cambio en materia educativa, quedando exactamente igual que en la versión original enviada por el Gobierno del Estado de Michoacán. Se ha vuelto ya una tradición la inamovilidad del proyecto de presupuesto de egresos que envía el poder ejecutivo estatal, al menos en materia educativa, el cual representa una tercera parte del erario. Las comparecencias, camufladas como reuniones o encuentros con integrantes del poder legislativo local realmente no tuvieron impacto alguno. La politización de la cual fueron objeto esta clase de reuniones resultó ser cosmética. Igualmente, la mediatización que recibieron solamente sirvió para llenar espacio en medios y dar ciertas notas. En realidad, el impacto se tradujo en cero pesos de modificación. En materia educativa, quedarán para el seguimiento de la ciudadanía los cuatro atributos que le confirió a su propio proyecto el Gobierno del Estado de Michoacán, al autocalificarlo “sin déficit”, “sin deuda”, “sin nuevos impuestos”, “realista, austero y efectivo”. Al tiempo. Aunque desde este mismo espacio mencionamos las áreas de oportunidad, muchas de las circunstancias que llamaban a rectificar el direccionamiento del gasto educativo, de remediar las falencias en materia de inclusión, de recuperación de aprendizajes perdidos, de borrar las iniquidades y de centralizar el derecho a la triple inclusión educativa de todas las niñas, niños y jóvenes en Michoacán: a estar, a aprender y a participar en las escuelas, lo anterior no sucedió. Asi también, una malentendida austeridad se manifestó en el PPEMICH24 en la educación media superior, donde están los peores indicadores de abandono escolar, ¡no solo del sistema educativo michoacano, sino de toda la nación! También, en la educación tecnológica, en la educación a distancia y en educación superior, pilares del desarrollo de la entidad, con profundas asimetrías entre instituciones públicas en cuanto al gasto promedio por estudiante. Será un año en el cual, tanto sostener como incrementar gradualmente los derechos educativos dependerá de la capacidad de maniobra sobre la marcha de los funcionarios educativos de la entidad, ya que el presupuesto evidencia crasas asimetrías y confusiones que, de ejercerse inercialmente podrían hacer zozobrar a las instituciones educativas y generar un empeoramiento aún mayor de los indicadores educativos respectivos, atentando frontalmente contra las garantías individuales de al menos un millón 263 mil 824 estudiantes en la entidad, la cual es la cifra reportada por la SEE en el PPEMICH24. Lo que resulta revelador de las reuniones en torno al proceso de aprobación presupuestal es que se sembraron indicios de respuesta para el ejercicio del constitucional derecho a la verdad que tenemos los ciudadanos, toda vez que en esta serie de reuniones se deslizaron detalles operativos y avances de los pasos próximos que habrán de darse desde la administración pública estatal. Como gran ejemplo destacan las especificidades que se revelaron por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) respecto a los hallazgos dentro del denominado “pase de lista”, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual consistió principalmente en una revisión virtual de la documentación referida a las plantillas de personal para cada centro de trabajo en el sistema educativo estatal. Si bien es alta, no sorprende la cifra de más de 13 mil trabajadores de la SEE que no están en sus áreas de trabajo, de los cuales se indicó que 11 mil 881 son docentes y mil 309 son personal de asistencia y apoyo a la educación, así como trabajadores administrativos. La revisión de la ASF evidenció que ellos están actualmente en un centro laboral al cual arribaron sin que se haya respetado el procedimiento establecido para tales efectos. La acusación que emitió la SEE es que esta irregularidad se suscitó a través del respaldo que les brindaron alguna de las representaciones gremiales, violentando la normatividad vigente entre 2014 y 2022, estando casi la mitad concentrados en dieciséis municipios, a saber: Turicato, Tarímbaro, Los Reyes, Zinapécuaro, La Piedad, Pátzcuaro, Maravatío, Tacámbaro, Puruándiro, Zamora, Hidalgo, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia. En aras de regularizarse esta situación, se informó que ya se revisaron cinco mil casos, resultando, a decir de la autoridad, que mil 826 son cambios de adscripción procedentes, dos mil 559 improcedentes y 615 aún no se ha definido su situación final. Más aún, se mencionó también por parte de la SEE que, un aproximado del dos por ciento de los trabajadores de la educación se autodenominan “gestores”, razón por la cual no acuden a laborar normalmente, por lo cual dejan de contribuir a los derechos a estar, aprender y participar de la niñez y la juventud en la entidad. En el PPEMICH24 se habla de que en Michoacán hay 70 mil 728 docentes; de los cuales 49 mil 100 son fondeados con recursos federales, 26 mil 773 con recursos estatales y 5 mil 145 reciben recursos de ambas partes. Si los datos que brinda la SEE son fehacientes, entonces hay un estimado de mil 400 personas comisionadas irregularmente a organizaciones gremiales, que están explicando por sí solas el gran déficit de maestros que existe en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en Michoacán, lo cual ha generado que haya grupos escolares que a la fecha no han iniciado el ciclo escolar. Aunado a lo anterior, el desfalco inherente a los salarios no devengados de esta gran cantidad de personas que cobran sin trabajar ascendería por lo menos a 250 millones de pesos anuales. El número de comisionados para cada expresión gremial solía quedar pactado en las ignominiosas minutas que se comenzaron a signar desde 1996. Sin embargo, se sabe que, desde que se proscribieron las minutas de acuerdos en Michoacán, por la demostrada antijuridicidad e inmoralidad de estos instrumentos de saqueo del erario -lo cual se realizó desde la sociedad civil organizada y a través de los medios de comunicación-, este tipo de pactos permanecen escondidos de la opinión pública o bajo llave. Con redoblada razón, lo anteriormente descrito constituye una inmensa razón para implementar y difundir al máximo medidas de control de asistencia en todos los centros de trabajo del sistema educativo estatal, así como realizar revisiones aleatorias por parte de las autoridades educativas, en torno al cumplimiento debido del calendario escolar y de los horarios de trabajo. A la fecha, salvo acciones aisladas esporádicas en algunos planteles, en lo general reinan la anarquía, la opacidad, la laxitud y la impunidad en cuanto a la asistencia de trabajadores a los centros escolares. Más aún, sabemos que lo deslizado a medios solo es la punta del iceberg, toda vez que la revisión denominada “pase de lista” ni siquiera llegó a eso, porque la inmensa mayoría del proceso fue por vía remota, donde los auditores federales y las autoridades educativas estatales determinaron confiar en la información que se les haría llegar por parte del personal de los propios centros de trabajo, hecho que eliminó la imparcialidad de la revisión, al encontrarse los reportadores de información en franco conflicto de intereses o al menos, en una posición sumamente vulnerable, al quedar expuestos a represalias o amenazas, en caso de decidir denunciar irregularidades. Aunado a lo anterior, la manipulación de las plantillas de personal y el encubrimiento hacia personajes que se dedican a hacer otras actividades en horario laboral son relativamente fáciles de operarse a través del envío de documentación en plataformas digitales, sin que sea necesario adjuntar mayores evidencias del debido cumplimiento de las actividades educadoras. Por lo anterior, transparentar el proceso completo del pase de lista abonaría inmensamente a legitimar cada paso que se vaya a dar en torno a la gigantesca problemática que encuna la nómina educativa michoacana, ya que se prometió para 2024 que se implementarían medidas para digitalizar trámites administrativos en la SEE, así como se continuaría avanzando en la erradicación de la corrupción. Ahora, los retos están en la ejecución del presupuesto y su respectiva fiscalización. Empero, resulta complejo confiar ciegamente en que quienes elaboraron un presupuesto donde no aparece una sola acción vinculada al aprendizaje, ahora vayan a tomar decisiones diferentes o a reorientar los esfuerzos del sistema educativo estatal hacia resultados tangibles en la educación de las niñas, niños y jóvenes, tanto en aprendizaje como en el desarrollo de habilidades, competencias, saberes y valores que les permitan forjarse un sendero exitoso y sostenible de vida, así como alcanzar la mejor versión posible de sí mismos, concretando sus sueños y aspiraciones. El mundo no nos va a esperar. Los derechos tampoco merecen seguir siendo atendidos a medias. Debemos dejar de guardar el sueño de los justos. Reconocer la realidad, aproximándonos al estado que guarda nuestro sistema educativo nacional es un gran paso para los ciudadanos; pero tomar acciones y elevar la demanda social a la autoridad es lo conducente. Iniciará un año en el cual se renovará el poder legislativo local y federal, así como el poder ejecutivo federal y municipal. Será momento de elevar la exigencia y de pedir cuentas a quienes nos representaron y no lograron cumplir con las expectativas ni honrar la palabra empeñada. Tenemos fresco el precedente que sentó la presentación del Informe PISA 2022, donde se exhibe que la mitad de los jóvenes de 15 años en 2022 no tuvieron la capacidad de comprender un texto para resolver correctamente un problema, ni dos de cada tres pudieron demostrar ser capaces de emplear operaciones aritméticas para superar un reto. Lamentablemente, diversos estudios demoscópicos han demostrado que, al promedio de los michoacanos les preocupa más el estado que guardan las vialidades y la reparación de los baches que la educación que reciben sus hijos, a pesar de la radical diferencia en urgencia, importancia y trascendencia entre ambos rubros. El reconocimiento de la problemática del sector educativo no es garantía de una adecuada jerarquización de las exigencias a las autoridades, pero es momento de darnos cuenta de las circunstancias, comprender lo que viene para nuestros hijos en 2024 en materia educativa y tomar providencias, tanto en familia, para reforzar aprendizajes y competencias desde el hogar; así como desde lo público, hagamos lo que esté nuestro alcance para elevar la demanda social a la autoridad para que priorice y mejore los servicios educativos, asignándoles un presupuesto digno y garantista. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
