Horacio Erik Avilés Martínez Recientemente se brindó el Segundo Informe de Gobierno por parte de la actual administración estatal, encabezada por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, quien cumplió dos años al frente de la mencionada responsabilidad. En el mensaje a la sociedad michoacana, se destacó que nuestra entidad cumple ya con la realización de las evaluaciones docentes estipuladas en la ley. Asimismo, se cumplieron dos años de la firma de la Agenda por Michoacán, que incluye los diez compromisos por la educación michoacana, con inclusión y calidad, en donde se menciona la importancia de realizar las evaluaciones docentes en el sistema educativo estatal. A pesar de los compromisos asumidos, de as acciones emprendidas y de que se reconoce que efectivamente se están dando los primeros pasos en los ámbitos ya mencionados, cabe destacar que ello no ha bastado, ya que la implementación cabal de la cultura de la legalidad en todas las comunidades de aprendizaje es aún asignatura pendiente. Contra toda lógica, a pesar de los esfuerzos que el Gobierno del Estado y el titular de la SEE realizan, continúan incrementándose los casos de persecución contra los maestros, directivos y supervisores que participaron en los procesos de evaluación contemplados en la Ley General del Servicio Profesional Docente en Michoacán. La casuística aflora por toda la geografía michoacana y los procesos en lugar de regularizarse, empeoran, por los efectos naturales del paso del tiempo, por elenojo incremental ante el impune atropello a sus derechos laborales y a la dignidad individual por el escarnio que se ha hecho de los profesionistas idóneos. Por ejemplo, la comunidad de aprendizaje de la escuela secundaria “República Española”, ubicada en Jiquilpan continúa siendo víctima del rechazo que manifiestan militantes de la CNTE a que profesionistas idóneos se desempeñen como docentes en la misma, a pesar de que demostraron en su oportunidad ser acreedores a la plaza docente mediante los resultados acreditados en sus respectivos exámenes de ingreso al servicio profesional. Otro caso que continúa sin resolverse es el de la Mtra. Marcela Ochoa Huerta, Supervisora de Educación Especial ha recibido una persecución sistemática, al haber ganado su nombramiento como tal en el examen de promoción en el servicio profesional docente. Después de que finalmente se le asignó su clave, su adscripción ha sido todo un calvario, ya que ha sido perseguida por la CNTE en las zonas en las que podría llegar a ubicarse, sin que la jefatura del departamento de Educación Especial haya atinado aún a encontrar una solución apegada a derecho. Víctima de toda clase de atropellos, la maestra ha recurrido a diversas instancias gubernamentales y organismos autónomos solicitando se garantice su derecho a trabajar, sin éxito hasta el momento. Por otra parte, la Mtra. Gabriela Salcedo Manzo, Subdirectora del plantel Colola del CECyTEM continúa sin poder laborar en el mismo debido al rechazo que los militantes del SUTCECyTEM, adherente a la CNTE y su Frente Cívico Social han emprendido en contra suya. Ella ha emprendido acciones de defensa jurídica a título personal, sin que a pesar de ello se hayan realizado acciones correctivas de parte de la autoridad. En la Escuela Secundaria “Encuentro de Hidalgo y Morelos”, en Charo, continúa la violencia ejercida por los miembros de la CNTE que son eventualmente reforzados por grupos de golpeadores, para impedir el acceso a los profesionistas idóneos que adscritos a la escuela mencionada y que ahora son perseguidos. Una maestra y el subdirector son profesionistas con estudios de posgrado, que reciben reconocimiento constante de parte de los estudiantes y padres de familia, pero que por interponerse ante los intereses de la CNTE, se les impide trabajar y se les amenaza con escalar el nivel de agresividad. Ante la casuística que podría ocupar cientos de cuartillas, la autoridad debe garantizar las mejores condiciones para que cada maestro en Michoacán ejerza su vocación docente. Debe romperse el cerco de ilegalidad en el que se tiene rodeados a los profesionistas idóneos en la entidad, para que ya no sean tratados como maestros de segunda en cuanto a sus derechos y condiciones laborales respecta. Los representantes sindicales de los maestros deben defender sus derechos, no atentar en contra suyo, como lo realiza deliberada y descaradamente la Sección XVIII de la CNTE.Por otra parte, las fracciones sindicales que se caracterizan por definir su línea como institucional deben hacer mucho más por defender a sus agremiados, quienes puntualmente pagan cuotas, sin que la relación costo/beneficio rinda resultados favorables. Hoy, parecen estar más preocupados por congraciarse con un delegado especial que por atender a los maestros; prefieren hilvanar acuerdos para lograr ser ellos los próximos secretarios generales en lugar de ser quienes abonen a construir un mejor estado de derecho, ya que de esta manera pueden acceder a beneficios por partida doble, consistentes en administrar los recursos del SNTE y lo que puede llegar a gestionarse a nombre de sus supuestamente representados, sin contar las ganancias que puede generar en el ámbito político presentarse como gerente del voto corporativo ante las cúpulas partidistas, ante las cuales siempre habrá una nueva alianza por realizarse. Es esa perversión de los principios sindicales que han dejado prácticamente indefensos a los maestros, especialmente a los idóneos, a quienes comienzan a acorralar y seguramente no tardarán en organizarse, convirtiendo sus necesidades en demandas, exigibles desde todas las formas de lucha posibles. Sin lugar a dudas, la escalada en la defensa de los derechos de los maestros llevará esto a un escenario de mayor polarización en el cual las diferencias entre los actores clave serán casi irreconciliables. El advenimiento de juicios laborales en cascada, denuncias públicas y de confrontaciones entre gremios es inminente. Lo anterior, aún puede ser incluso peor si participan padres de familia y estudiantes en la defensa de sus derechos. Está en la autoridad educativa y los defensores sindicales detener esta situación y hagan valer, de una vez por todas, el derecho de los profesionistas idóneos. En caso de que la pasividad, la ambigüedad y la omisión sigan campeando, las consecuencias están a la vista. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
