Horacio Erik Avilés Martínez La escuela fue, en el imaginario social mexicano, el territorio de la esperanza. El espacio donde la pobreza podía quebrarse, donde la desigualdad comenzaba a cerrarse y donde el futuro se construía, ladrillo a ladrillo, con paciencia y con vocación. Ese imaginario sigue siendo válido en su aspiración. Pero en vastas regiones de México, y con una intensidad que en Michoacán ya resulta imposible seguir soslayando, ha sido violentado por una realidad que el discurso oficial tarda en nombrar con la crudeza que merece: las escuelas forman hoy parte del territorio de la inseguridad. La violencia contra el sistema educativo michoacano tiene múltiples rostros, precisamente por eso resulta tan difícil de contener con políticas diseñadas para un solo tipo de amenaza. El rostro más visible es el del hecho armado directo: el tiroteo en un plantel, el asesinato de una maestra en su trayecto, el ataque a una institución formadora de docentes. Pero existe también la violencia invisible y sostenida que opera en silencio institucional: la extorsión a planteles y a personal educativo, el reclutamiento de estudiantes en zonas de influencia criminal, el hostigamiento a docentes que se rehúsan a colaborar con estructuras delictivas, el desplazamiento forzado de maestros y sus familias hacia zonas más seguras y la presión psicológica permanente que convierte el aula en un espacio de miedo contenido y de pedagogía disminuida. El 24 de marzo de 2026, un estudiante ingresó con un arma de fuego a la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas y la utilizó dentro de las instalaciones. El hecho marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la violencia contra el sistema educativo michoacano, y la respuesta institucional reveló, con una claridad que pocas veces se obtiene, el estado real de la preparación del Estado ante una emergencia de esa naturaleza. Las autoridades hablaron. Los protocolos operativos brillaron por su ausencia. La contención psicológica de la comunidad educativa fue tardía. La coordinación con seguridad pública fue reactiva. Y la reflexión pública sobre cómo evitar que ese hecho se repita quedó pendiente en el espacio de las intenciones. La autoridad educativa lo describió como un hecho puntual. Esa expresión, utilizada quizás con la intención de evitar la generalización alarmista, tuvo el efecto contrario: reveló la distancia sideral entre la narrativa institucional y la experiencia vivida por las comunidades educativas en territorios de alta instigación violenta. El sistema educativo michoacano carece de una política de seguridad escolar territorial que sea operativa, presupuestada, descentralizada y evaluada con rigor externo. Lo que existe son protocolos fragmentados, declaraciones de principio, coordinaciones interinstitucionales episódicas y una reactividad ante los hechos que llega sistemáticamente tarde y con una intensidad que decae en cuanto la presión mediática cede. Los planteles escolares michoacanos, en su gran mayoría, carecen de protocolos de emergencia ante eventos de violencia armada. A diferencia de sistemas educativos con experiencia acumulada en la materia, donde los simulacros de emergencia son parte del calendario escolar y el personal directivo recibe formación específica para situaciones de crisis, en Michoacán el personal educativo enfrenta una eventualidad armada sin preparación formal, sin una cadena de mando clara y sin comunicación institucional previa que le indique qué hacer, a quién llamar y cómo proteger a los estudiantes en los primeros y más críticos minutos de una emergencia. La coordinación entre la Secretaría de Educación y las corporaciones de seguridad pública, tanto estatal como municipal, es episódica y reactiva. Se activa después de los hechos, para gestionar la emergencia comunicacional, y se diluye en cuanto la presión cede. Esa reactividad es exactamente lo contrario de lo que una política de seguridad escolar efectiva requiere: presencia territorial anticipada, inteligencia de contexto, monitoreo sistemático del riesgo y acción preventiva sostenida. Una política de seguridad educativa que se activa únicamente después del hecho violento ha llegado ya demasiado tarde. La prevención requiere presencia, inteligencia territorial y voluntad de actuar antes de que el daño sea irreparable. Sería injusto afirmar que el sistema parte de una situación de total indefensión. Existen recursos institucionales que, bien articulados, podrían constituir el andamiaje de una política de seguridad escolar efectiva. El problema radica en que esos recursos operan de manera desconectada, sin un eje rector que los oriente hacia la protección del sistema educativo y sin mecanismos de activación que funcionen antes de que el daño ocurra. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán cuenta con unidades especializadas y presencia territorial en regiones de alta peligrosidad. La Guardia Nacional tiene destacamentos activos en zonas críticas de Tierra Caliente, la costa y la sierra michoacana. La Fiscalía General del Estado posee unidades de investigación con capacidad forense. El Ejército y la Marina mantienen operaciones en el estado. Ninguna de esas fuerzas ha sido articulada de manera sistemática con el sistema educativo para construir una política coordinada de protección a planteles y al personal docente. Peor aún, han instalado Bases de Operaciones Interinstitucionales en escuelas, cerrándolas para convertirlas en cuarteles. Las supervisiones escolares, las Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos de Participación Social Escolar constituyen una red de actores comunitarios que podría funcionar como sistema de alerta temprana ante situaciones de riesgo, si existiera un protocolo claro que los integrara, los formara para ese papel y los dotara de canales de comunicación directa con las autoridades de seguridad. Hoy esa red existe solo en el papel de la legislación educativa, sin operatividad real en materia de seguridad territorial. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo forma especialistas en gestión de riesgos, en psicología de emergencias y en seguridad comunitaria cuyo conocimiento podría contribuir al diseño de protocolos escolares adaptados al contexto territorial michoacano. Las organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en derechos humanos y en atención a víctimas tienen conocimiento acumulado sobre las dinámicas de violencia en el estado que resulta indispensable para cualquier política de protección con vocación de eficacia real. La consecuencia más inmediata de la inacción es la que ya se está produciendo con una silenciosa persistencia: el miedo como condición permanente de trabajo para miles de docentes michoacanos. La segunda consecuencia es el abandono escolar de los estudiantes en zonas de conflicto territorial. Los jóvenes que viven bajo la influencia de estructuras criminales enfrentan opciones cruelmente reducidas: continuar asistiendo a una escuela que perciben como insegura, abandonar los estudios o, en el peor de los escenarios posibles, integrarse a las estructuras que controlan su entorno. La tercera consecuencia es la erosión de la confianza de las familias en las instituciones educativas. Cuando una preparatoria sufre un tiroteo y la respuesta del Estado se limita a expresiones de condolencia y llamados a la reflexión, las madres y los padres de familia que tienen hijos en planteles similares extraen una conclusión que resulta lógica desde su experiencia: el Estado carece de la capacidad para garantizar la seguridad de sus hijos en la escuela. La cuarta consecuencia, de alcance estructural, es el mensaje que la inacción envía a los actores violentos: que el sistema educativo es un espacio sin consecuencias operativas para quien lo amenaza. Que se puede extorsionar a una normal rural, asesinar a maestras o disparar dentro de una preparatoria con la certeza de que la respuesta del Estado será verbal, temporal y sin seguimiento real. La seguridad escolar y la calidad educativa son, en este contexto, la misma agenda. Sin la primera, la segunda es una abstracción. El Estado michoacano debe asumir esa identidad con todas sus implicaciones presupuestales, operativas y políticas. La primera propuesta es el diseño e implementación de un Sistema Estatal de Seguridad Escolar con presupuesto propio, estructura territorial descentralizada, evaluación pública semestral e indicadores verificables. Este sistema debe incluir un mapa georreferenciado de riesgo actualizado trimestralmente, con clasificación de planteles por nivel de vulnerabilidad y con protocolos de respuesta diferenciados según el nivel de riesgo identificado en cada municipio y en cada plantel. La segunda propuesta es la implementación obligatoria de simulacros de emergencia ante situaciones de violencia armada en todos los planteles de educación secundaria y media superior del estado, con formación específica y certificada para el personal directivo y docente, con protocolos de comunicación claros que incluyan cadenas de alerta, vías de evacuación validadas y coordinación inmediata con las corporaciones de seguridad pública. La tercera propuesta es la creación de un mecanismo institucional de protección específica para docentes en zonas de alta peligrosidad, que incluya análisis de riesgo individualizado para planteles y personal, rutas seguras de traslado, una línea de emergencia de respuesta rápida, mecanismos ágiles de reubicación temporal cuando el riesgo lo justifique y acompañamiento psicológico continuo para quienes operan en contextos de violencia crónica. La cuarta propuesta es la firma de un convenio de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y los ayuntamientos de los municipios con mayor índice de violencia, con obligaciones específicas, recursos asignados, responsables nominados y revisión pública trimestral de cumplimiento. La quinta propuesta es la creación de un protocolo estatal de atención integral posterior a eventos de violencia en planteles educativos, que contemple la contención psicológica inmediata para estudiantes, docentes y familias, la preservación de la actividad educativa con los ajustes necesarios al contexto de crisis, la comunicación institucional responsable y transparente, y el seguimiento judicial de los hechos con rendición de cuentas pública ante la comunidad afectada. Las niñas, los niños, los jóvenes y el magisterio michoacano tienen derecho a que el Estado los proteja con la misma energía con que les exige asistir, aprender y rendir cuentas. Ese derecho está consagrado en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos y en la dignidad más elemental de quienes sostienen el sistema educativo desde adentro, con vocación y con un miedo que el discurso institucional sigue siendo incapaz de nombrar con honestidad. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
