MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN Erik Avilés Martínez Hace un par de semanas se presentó ante el congreso local el proyecto de presupuesto de egresos del estado de Michoacán para el ejercicio 2024, de cuyo análisis en materia educativa se desprendieron una serie de áreas de oportunidad, relacionadas con asimetrías, inequidades y omisiones que presenta, las cuales ponen en riesgo los derechos educativos de las generaciones en formación en la entidad federativa. Lo anterior se reseñó exhaustivamente en este espacio la semana pasada. El factor tiempo corre a favor de la inamovilidad del proyecto, que sigue sin modificarse hasta la fecha. Es momento no se sabe que los representantes del poder legislativo local hayan realizado correcciones, contrapropuestas o enmiendas al proyecto enviado por el ejecutivo estatal, ni tampoco que siquiera hayan concluido su respectivo análisis. Además de los desequilibrios que presenta en la asignación presupuestal por estudiante, no se contemplan montos especiales para morigerar los efectos de las decisiones federales tomadas, las cuales desprotegen a diversos sectores y grupos vulnerados, como por ejemplo, las escuelas de jornada ampliada y con alimentación escolar, la formación continua y actualización docentes, la ausencia de recursos programados para realizar un diagnóstico censal respecto a la pérdida de aprendizajes, a la situación socioemocional y socioeconómica de cada estudiante en la entidad, así como de montos destinados para dignificar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, particularmente aquellas que han sido siniestradas por fenómenos naturales y que no han sido reconstruidas. Además de la verificación de la asignación presupuestal por sus montos, de la relación existente costo-beneficio entre el monto y el número de recipiendarios, del comparativo anual respecto al ejercicio fiscal anterior, así como de las áreas de oportunidad pendientes, existe el control de gestión, el cual es una de las maneras de evaluar el desempeño de los gobiernos, para verificar la congruencia entre lo planificado y lo realizado; es decir, qué tanta consistencia existe entre los ejes, objetivos y acciones plasmados en el Plan de Desarrollo Integral para el estado de Michoacán de Ocampo 2021-2027 (PLADIEM), el Programa Sectorial de Educación 2021- 2027 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el estado de Michoacán de Ocampo 2024 (PPEMICH 2024). Pero, partimos de una realidad: no se ha hecho consulta participativa entre los agentes educativos: maestros, padres de familia, estudiantes, personal directivo, académicos, investigadores, sociedad civil organizada, medios de comunicación, por ejemplo, ni mucho menos publicado aún el Programa Sectorial de Educación 2021-2027, el cual, en el mejor de los casos, tendría tres años y diez meses de ventana temporal para lograr los resultados que se plasmen en tan importante instrumento normativo de planeación para el desarrollo. No olvidemos que hoy se cumplen dos años y dos meses del inicio del periodo vigente de gobierno estatal. Esperemos pronto se realice el Programa Sectorial de Educación, previa consulta ciudadana para que podamos tener claridad los ciudadanos de las acciones que se realizarán durante los cuarenta y seis meses que le restan a la actual administración pública estatal. Más aún, los vacíos del control de gestión se acentúan cuando se ejecutan programas que no tienen relación directa con la planeación realizada, ni con las principales necesidades educativas que han arrojado la pandemia, la crisis heredada, el rezago educativo y la precariedad en la inversión educativa, así como la situación socioeconómica y de violencia que afecta a la notoria mayoría de la población involucrada en el sistema educativo michoacano, como la realización de eventos masivos para entregar apoyos no necesariamente diagnosticados por respectivos estudios socioeconómicos. Los programas socioeducativos son importantes, pero no siempre están debidamente fundamentados en estudios o sondeos, sino que se conciben y se lanzan sin que existan soportes investigativos para las políticas públicas. Entonces, resulta difícil de estimar en qué medida -por citar un ejemplo- la entrega de calzado deportivo o la realización de un acto multitudinario incide favorablemente en la prevención del abandono escolar. Menos aún se pueden encontrar imbricaciones entre la política estatal de juventud y la realización de conciertos, que tienen un costo millonario, cuando la UNESCO señaló desde 2005 la importancia de la educación como una de las tres grandes prioridades de la juventud global, al igual que la salud y la inserción laboral, sin que haya eco por parte de las dependencias encargadas de encausar la política pública para maximizar el bienestar de tan importante segmento etario, al cual pertenecen un porcentaje importante del millón trescientos mil estudiantes, así como la franja más joven de los más de ochenta mil maestros de la entidad, así una fracción de los padres de familia de estudiantes de educación básica, quienes sí que merecen que se ponga el máximo cuidado en el proceso de programación, presupuestación y ejecución de los recursos. Paralelamente, continúan las protestas en el sector educativo, por falta de maestros, por situaciones relativas a las recategorizaciones y promociones, entrando en polémica por las circunstancias, tanto autoridades como representantes gremiales, desde educación básica hasta superior. Resulta muy preocupante que, a estas alturas del ciclo escolar, continúen los señalamientos e inconformidades de los padres de familia por la falta de maestros en múltiples centros educativos de nuestra entidad federativa. Al respecto, hay diversos planteles que apenas si han iniciado el ciclo escolar o que a la fecha tienen grupos que no han podido arrancar actividades educativas, estando ya a escasas dos semanas de iniciar formalmente las vacaciones decembrinas. Si bien, esta clase de movilizaciones suelen recibir mutis institucional o señalamientos de ser provocados por intereses cupulares, también es cierto que existen estudiantes afectados, quienes deben de recibir a la brevedad servicios educativos completos, a la vez que, la posibilidad de recuperar los aprendizajes perdidos durante los periodos en los cuales dejaron de recibir clases regularmente. Lo sustantivo de esta situación es que los funcionarios no han instrumentado una política pública que les permita transparentar al máximo las plazas existentes en cada centro de trabajo, con lo cual se posibilita la controversia y que, eventualmente se intente confundir a las bases y a la opinión pública. Es menester implementar e institucionalizar medidas que, apelando al principio de máxima publicidad, difundan el estado que guardan los recursos destinados a la nómina magisterial, con escalafones y lineamientos de promoción del dominio público, con convocatorias emitidas conforme a la normatividad, de tal manera que se acote la libre interpretación de las circunstancias y con ello, la búsqueda de ganancias políticas y económicas por parte de quienes aprovechan los vacíos de autoridad imperantes en la materia. Coincidentemente, en un periodo político-electoral, aparecen nuevas facciones que aducen representar al gremio magisterial, con cúpulas muy predecible, porque se trata de los mismos rostros que no tuvieron cabida en otras organizaciones, razón por la cual deciden montar su propio comité gremial y propiciar por cuenta propia mesas de negociación al amparo de autoridades conniventes. Con toda esta problemática, urge se implementen, como se ha anunciado a través de boletines difundidos en los medios de comunicación y en ruedas de prensa las inaplazables medidas de gobierno electrónico para el control de la problemática laboral en el sector educativa, es decir, soluciones digitales para la asignación transparente y pública de maestros para cada uno de los planteles educativos en toda la geografía michoacana; así como mesas de atención con expedientes abiertos y públicos para los trabajadores de la educación, de tal manera que todos podamos verificar, grupo por grupo, escuela por escuela, quiénes cobran en el sistema educativo estatal, quiénes sí devengan su salario, cuál es su perfil profesional y cuál es su experiencia laboral, entre otros factores. Los padres de familia tenemos derecho a conocer en manos de quiénes confiamos a nuestros hijos día tras día. En ese sentido, cobran más relevancia las acusaciones contra funcionarios de estructura del gobierno estatal, a quienes evidencian de contar con plazas de base a la par que sus nombramientos de confianza, lo cual, en caso de ser cierto es una irregularidad crasa, que en su momento ha costado la realización de relevos institucionales para quienes han perpetrado estos movimientos. Es importante identificar el problema de origen: a la fecha, no existen en el marco normativo controles estrictos para impedir que cada administración busque basificar a sus incondicionales, a quienes dejan en puestos clave. Se llega al extremo de que los otrora titulares de dependencias ahora son auxiliares administrativos de quienes los sustituyeron, teniendo de esta manera acceso a información estratégica, procesos, documentos, usuarios, proveedores y recursos de tal forma que pueden incidir en eximirse de posibles procesos en contra suya, quedando en franco conflicto de intereses. Aquí deberían de estar orientadas acciones de mejora regulatoria y gobierno electrónico para conjurar de una vez por todas esa clase de acusaciones. Los bienes deben servir para remediar los males. La lógica de esta frase popular debe imperar en la política social de todo gobierno, que en este caso específico que involucra la transición entre ejercicios fiscales en Michoacán, al parecer no en una situación de crisis ni de precariedad, sino de inequidad, de mala distribución y de inconsistencia entre la presupuestación y las necesidades más sentidas del sistema educativo, no basta seguir encendiendo anualmente la aspiradora del Programa Presupuestal U-080, como ninguna entidad federativa en el país, ni tampoco, seguir basificando trabajadores sin que se les vea en las aulas, sino que cada paso que se dé, cada peso que se invierta en el sistema educativo debe de estar directamente vinculado a indicadores de mejora educativa, donde demostradamente deberían de impactar en el mejor ejercicio de los derechos a estar, aprender y participar en las escuelas de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Estamos a tiempo de perfeccionar el proyecto de presupuesto educativo para el 2024. Las generaciones en formación serán beneficiadas en múltiples ámbitos si se atienden los aspectos mencionados en esta entrega. El sistema educativo estatal debe de transformarse desde su interior si realmente se aspira a la mejora continua de la educación y ello transita indefectiblemente por el ejercicio de los recursos públicos. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles * Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
