ETELBERTO CRUZ LOEZA “No me digan…no me vengan con que lo dice la ley” Andrés Manuel López Obrador. El domingo 12 del presente, en la ciudad de Toluca, capital del estado de México, el partido Morena inició abierta y públicamente la campaña política dual, tanto por la gubernatura de ese estado - para el año 2023 - y por la presidencia de la República, la Grande, del 2024. Y estuvieron presentes las caballadas para ambas carreras – particularmente las llamadas corcholatas Claudia, Adán Augusto y Marcelo, Delfina, Higinio, etc., y con el slogan de evento por la unidad partidista, y aunque todos los dirigentes del partido guinda digan todo lo contrario, realmente fue acto y programa anticipados de campaña política. ¿Qué es acto anticipado de campaña? Todo tipo de expresiones que se realizan fuera de la etapa de campañas y que contengan llamados en contra de partidos, candidatos o en favor de un movimiento o partido. “Vi ayer – domingo - camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso, yo no lo califico, eso, pero en caso de que haya una denuncia, el INE y el Tribunal Electoral lo puede definir. Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer como no estoy haciendo actos previos”. Palabras de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y líder de la bancada de Morena en esa cámara. Y las imágenes centuplicadas por todos los medios de comunicación, incluyendo las benditas y malditas redes sociales dicen más que mil palabras. Lo que se vio, se difundió y continuará por la misma autopista es un abuso de poder, es un delito y muestra del poco respeto a la ley. Algunos partidos políticos, el PAN, informaron que denunciarán esos actos como actos anticipados de campaña política. Un antes, si el actual partido en el poder, fuera oposición y Andrés Manuel López Obrador fuera su líder, ya estaría tomando pozos petroleros, Paseo de Reforma y plantón en el zócalo, pero como tiene el poder supremo hace lo que quiere, pues, finalmente, quién le dice algo y si le dicen, le hacen lo que el viento a Juárez. Mas no es únicamente el evento en sí, son todos los aspectos de, y para, ese evento: 1.- Costo de cobertura mediática a través de radio, televisión, Facebook, tuiter, youtu, portales informativos, diarios, revistas, entrevistas, mesas redondas, etc. Nada es gratis y en tiempos políticos, se encarecen. 2.- Transportes de los acarreados-invitados y ejército de coordinadores de eso que llaman logística. 3.- Pago personal, alimentos y bebidas, y servicios accesorios/complementarios. 4.- Propaganda y consumibles individuales. 5.- Música, animación y maestros de ceremonias. 6.- Movilidad de los protagonistas (corcholatas), ¿en unidades oficiales y/o propias? 7.- Tiempos de trabajo y responsabilidad… ¿los sábados y domingos un funcionario no trabaja? ¿Su trabajo es de 40 horas? Tal como lo afirmó Ricardo Monreal: “hay legislación muy clara, que incluye amonestación pública, multa o el retiro de la posibilidad de ser candidato”. Todo esto es abuso de poder político. Se dice que, en política, lo que parece ser, es. Y aquí son acciones fuera de los tiempos electorales y eso es delito. Todo esto muestra nulo respeto y temor a la ley. Tal como lo dijo el presidente de la República cuando, previo a la Consulta Ciudadana del 12 de abril, en reunión con gobernadores morenistas: ¡No me digan que lo dice la ley! (Y después cuando se conoció el amparo que detuvo obra-tramo del Tren Maya. “No me digan que es una suspensión definitiva”. Pues sí, es la ley, pero tal parece que la ley es él, Andrés Manuel López Obrador: el autócrata de palacio. Lo que está haciendo es, aparte de abuso de poder y de aprovechar las lagunas y vacíos en la legislación electoral y en la Constitución, es romper las reglas del juego electoral. Está quebrantando, entre otros, el principio de igualdad. Y esto es únicamente el principio. La oposición debe denunciar ante el Instituto Nacional Electoral y éste, el INE, estará obligado a investigar y tomar decisiones. La lucha ya inició, o, más precisó, continuó, pero con más fuerza. Todo esto es, por un lado, el inicio de la lucha política partidista por conservar el poder y dejar bien asentada, consolidada, la 4t, pues el año próximo, 2023, habrá elecciones claves: el estado de México – 11 millones de electores-votos –, cuna del Grupo Atlacomulco, y como complemento Coahuila y, por el otro, abrillantar su ego: ganar en la cuna de uno de los grupos políticos y económicos más importantes e históricos del país. Y como complemento, tomar fuerza e impulso para el 2024. Veremos, si actúa la oposición política partidista, en su caso, la intervención de los órganos jurisdiccionales, pero más que todo, qué harán, Morena y AMLO ante la ley.
La Voz de Michoacán
