ETELBERTO CRUZ LOEZA El Plan B de la reforma electoral empujado en la H. Cámara de Diputados, el pasado viernes 24 de marzo pasado se detuvo por tiempo indefinido: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Laynez Potisek concedió una suspensión al Instituto Nacional Electoral en contra del segundo paquete de reformas promulgadas en febrero anterior y con las que la estructura y funcionamiento del órgano y árbitro electoral eran modificadas sustancialmente. El argumento para frenar el decreto fue que considera que no sólo contiene normas de carácter general, sino actos concretos de aplicación, por lo que se advirtió la posibilidad de que los derechos político-electorales de la ciudadanía se verían afectados. Específicamente, la suspensión y admisión fue respecto a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE contra las modificaciones a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, la orgánica del poder judicial de la federación y la que expide la Ley general de medios de Impugnación en materia electoral, publicadas en marzo. El ministro concedió la suspensión que solicitó el órgano electoral respecto a todos los artículos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Y solicitó al Congreso de la Unión y al Presidente de la República que presenten su contestación a la demanda dentro del plazo legal. Obviamente lo determinado por el ministro Laynez es una medida transitoria mientras se desarrolla el juicio correspondiente al fondo de la controversia constitucional y el pleno de la Corte emite su sentencia, la cual llegará en unos meses. Lo anterior, guste o no guste, es un indicador de la división de poderes que demuestra el beneficio de la teoría Republicana del contrapeso entre los poderes de la Unión. Y que es fundamental para la vigencia de la democracia – más allá de que el poder Ejecutivo sea dirigido por una única visión y que ésta sea respaldada por una minoría más grande y sus aliados con los que construye la mayoría simple - y demuestra que en la democracia existen elementos que no se deben tocar: los derechos humanos, los derechos político-electorales y la total independencia, autonomía e imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones. Todo lo cual se opone a la obcecada idea de los poderosos de hoy de que la forma en que se debe entender y conducir el país ha de ser con una noción parcializada y partidizada de la justicia que desconoce la pluralidad, es alérgica al diálogo y se basa en la idea de que la Constitución y la ley son estorbos que hay que pasar por encima de ellas, si es necesario para lograr sus fines políticos sectarios. La Suprema Corte de Justicia actúa como garante último de la Constitución y del Estado de Derecho en el país. El ministro Javier Laynez debe ser recordado por su breve expresión sobre la llamada consulta popular de 2021 - que pretendía juzgar, bajo una tramposa redacción - a algunos expresidentes de la República: La justicia no se consulta. Así las cosas, hasta el momento ni el área jurídica de la presidencia de la República ni la H. Cámara de Diputados han dado contestación a la determinación de conceder la suspensión de la vigencia del Plan B…y el tiempo del plazo legal para dar la respuesta está corriendo. Desconozco de leyes y mucho más de Derecho Constitucional y procedimientos legales, mas si mi sentido lógico no me miente, el Plan B está muerto y el presidente de la República lo sabe, por eso endureció sus términos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y amplió el destino de sus diatribas: el ministro Javier Laynez. Y ahora, aunque afirma que su Plan C es votar en el 2024 contra los conservadores – que en realidad su Plan C es entrar al INE en puestos directivos y de poder – consejeros ciudadanos y estar en su Conejo General con voz y voto (que también se le está dificultando y en serio), – y la votación contra los conservadores, neoliberales, chairos, fifís y aspiracionistas en el 2024 sería su Plan D. Todo esto, tal como lo expresó Joe Biden – que las autocracias se están debilitando – es muestra e indicador de que esa pasión suya, que es el poder casi total, se le está escurriendo, se le está yendo y nada puede hacer, pues somos una sociedad de instituciones republicanas y ellas tiene mecanismos y sus tiempos. Tal vez podrá elegir a su candidato, pero hasta ahí, pues será muy difícil – aunque no imposible – que le asegure su triunfo y que, además ese candidato, en su caso, acepte su testamento político. Nunca en nuestra vida política contemporánea, después del destierro del ex presidente, y Gral., Plutarco Elías Calles, constructor de las instituciones del Estado Mexicano moderno, se ha dado esa figura política. Sería otro Maximato y Andrés Manuel mandaría desde su rancho en Tabasco. No creo que, con todo el poder, quien lo tenga y si es de su partido, se lo permita. ¿De otro? ¡Menos! Lo que sí será muy posible, y probable, hecho seguro, es que hable nuestra democracia, haya proceso constitucional electoral, se cuenten los sufragios, actúen las instituciones y se califiquen las elecciones, se efectúe la alternancia de poderes – Ejecutivos – federal, varios estatales y muchas municipales, y Legislativos – H. Congreso de la Unión y H. Congresos estatales - y la alternancia sea una realidad democrática y, acaso la esperada y/o deseada transición sea.
La Voz de Michoacán
