JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ Todos los sexenios el Presidente de la República apuesta por dejar su huella electoral. Es una especie de complejo democrático. Y no porque las leyes deban ser inmutables; al contrario, es necesario hacer ajustes en la medida que el sistema muestra fallas e insuficiencias, que son normales producto del crecimiento de la sociedad, la expansión urbana, el cambio en la pirámide poblacional y el afianzamiento de identidades políticas que acentúan nuestra ya de por si vasta y rica pluralidad. Eso no significa que cada seis años quieran reinventar el sistema político. La normalización, institucionalización y aceptación de las leyes, es un proceso que requiere adaptación, por lo tanto es gradual. La reforma electoral que acaba de plantear el Presidente, maneja cambios sustantivos al sistema. Curioso es que hasta ahora, el diseño de los cambios radicales siempre tuvo origen en la desconfianza que mostraba la oposición. Hoy viene del gobierno. Hoy más allá de las filias y las fobias con Morena o López Obrador, se deben plantear los criterios generales de una reforma electoral, para que no sea un capricho, ocurrencia o una forma de debate entre dos bandos absolutamente negados a dialogar entre sí. El primer criterio es la confianza. Desaparecer al actual INE para crear el IPEC (Instituto de Participación Electoral y Consultas) será un grave error. Ningún presidente debe tener la autoridad electoral a modo. Eso fue lo que tanto se criticó del sistema presidencial hegemónico del PRI: la tentación que resulta del control de los órganos electorales. Son claras las diferencias entre el Gobierno Federal con el actual INE y el TRIFE, por lo que, desaparecerlos justificará el pronóstico de que las próximas elecciones locales y federales pueden ser fraudulentas. Si el poder legislativo desconoce a esta autoridad electoral, será en los hechos, un golpe de estado parlamentario y un error histórico que pone en riesgo los avances electorales del país en los últimos 30 años, muchos de ellos promovidos desde la oposición por los protagonistas del actual gobierno. La reforma electoral debe hacer mas baratas las elecciones. Es un dineral el que se gasta en los procesos políticos. Cantidades ofensivas en un país con tantas carencias y necesidades, pero desaparecer los órganos electorales es un pretexto; una salida no una solución. Se requiere una proyección en el tiempo para hacer más baratas las elecciones en México durante los próximos ocho años, pasando a la elección de 2024 y llegando a la del 2030 con un órgano electoral que no sea oneroso ni fuente de lujos para quienes lo integran. La iniciativa prevé disminuir de 11 a 7 los Consejeros Electorales, lo cual por ley debería ser gradual e iniciando con el siguiente Consejo. Este ya fue electo así. Hacerlo de otra manera es un atentado contra el actual arbitro electoral. Por otro lado los consejeros electorales de ninguna manera deberían ser electos por la vía del sufragio directo. Si se quiere profesionalismo y transparencia, se deben hacer públicos los criterios para elegirlos: calificaciones precisas por su preparación académica, experiencia profesional, examen de conocimientos, publicaciones, entrevista y quienes resulten con puntajes más altos deberán ser los electos. Elegirlos por un sistema de votación universal, es una locura. También es necesario reducir el dinero público a los partidos. Obvio que Morena jamás hubiera propuesto ni aceptado este cambio desde la oposición. Este tipo de decisiones ayuda y fortalece al partido en el gobierno para ganar elecciones, de manera que si esto se planeta, tendrá que ser para un periodo gradual y posterior al 2024. La reforma tiene que ser federalista. Llama la atención los graves ataques que ha sufrido el federalismo en los últimos gobiernos. Es un absurdo que se pretenda desaparecer los órganos electorales para las elecciones municipales, legislativas y de gobernador. Ahora se propone que todo lo organice un supremo poder central. Esas ideas no las tenía ni Santana ni Don Porfirio ni Obama. El Siglo de los Jueces. La reforma deberá contar con fortaleza jurisdiccional. Las elecciones las debe decidir el pueblo, es la máxima de la soberanía, pero los jueces deberán ser la garantía de que se cumpla con esa premisa. Tribunales Electorales cada vez más preparados, con operadores judiciales de primer nivel y que sean electos por sus méritos profesionales, académicos y laborales. En este punto hace años se le dio al Congreso Federal, en particular al Senado, la facultad de elegir a los integrantes de los institutos electorales (el IEEM) y de los Tribunales Electorales de los Estados, en nuestro caso el TEEM. No hay nada más opuesto al federalismo que desaparecer los órganos electorales locales y que sea un supremo cuarto poder centralista el que haga todas las elecciones, consultas y resuelva sobre asuntos locales. Al paso que van, no tardan en designar a los ayuntamientos, legislaturas locales y gobernadores desde la ciudad de México. Este centralismo es profundamente retrógrada y conservador. Va en contra de nuestro federalismo tan lastimado históricamente y atenta contra la crecientemente fuerte vida democrática. El senado deberá integrarse paritariamente. Los mismos legisladores por cada estado. Esa fue la naturaleza inicial del senado. El sistema de representación proporcional definitivamente deberá de cambiar. Es un acierto quitar unos doscientos diputados y 32 senadores. El sistema de representación proporcional como está hoy ya cumplió su función pero la reforma no debería desaparecer la votación de mayoría directa en los distritos como pretende hacerlo cambiándolo por una lista estatal. Deberían fortalecer la elección directa y disminuir el peso de las élites que son quienes se benefician a nivel nacional y estatal de las elecciones. En resumen, no queremos más sino menos elecciones, más baratas, transparentes y creíbles. No es mucho pedir. A ver qué nos dan los legisladores.
La Voz de Michoacán
