Jaime Darío Oseguera Méndez El Congreso de San Luis Potosí puso hace unos meses en la mesa una reforma que ha resonado a nivel nacional y vuelve a abrir el debate sobre el sistema político electoral que tendremos en el país. Las leyes frecuentemente son reflejo de las ocurrencias, pero también pueden ser el espejo de las perversiones de quienes las promueven. La reforma potosina que había impulsado con ostentación el gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde, tiene el objetivo permitir a su esposa llegar al poder para sucederlo, estableciendo que, en la elección del próximo año, todos los partidos deberían postular mujeres obligatoriamente, ya que debe haber una alternancia de género al frente de la administración estatal. Así de enloquecida está la clase política. Usan el poder como un mecanismo de beneficio personal. Al menos intentan. Este es el momento en el que se va a establecer la visión de futuro político de la mayoría gobernante. La discusión inicia desde que Morena, en voz de la presidenta Sheinbaum, manifestó su negativa a que, en los estados de la República, los familiares en primer grado no fueran elegibles para suceder a sus parientes en cualquier puesto de elección popular. Fue la llamada Ley Nepotismo que, por cierto, ante las presiones del Verde y PT se pospuso su entrada en vigor hasta el 2030, lo que se percibió como una debilidad de la propuesta presidencial y un triunfo de las minorías que le ofrecen a Morena la los votos para reformar la Constitución. Siempre ha sido esa la estrategia del Verde, ser la “bisagra”. Todo esto es relevante en el contexto de la presentación de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum que entre hoy y mañana. Vamos a esperar el contenido de la reforma en estos temas. Esperamos un avance para las instituciones democráticas. Ya hay muchas voces el interior de los partidos de la coalición dominante diciendo que la reforma es innecesaria si a fin de cuantas ya tienen todo el poder, “ya para qué cambiamos el sistema si así ganamos”. Unos verdaderos demócratas. Todo tiene que ver con esta tentación de algunos gobernantes para habilitar a sus esposas en particular como sus sucesoras. En el caso de San Luis Potosí la coalición gobernante de Morena, PT, Verde, llevó al triunfo al actual gobernador, quien ya en la silla se sintió el Rey Midas y en esta embriaguez del poder ha insistido en que debe ser su esposa la candidata de la coalición gobernante a nivel nacional. Lo mismo ha dejado ver Samuel García en Nuevo León y no tardan en surgir nuevos ocurrentes. Bajo el pretexto de establecer criterios de paridad, lo que quiere la iniciativa de la Ley Esposa es que haya una forzosa alternancia de género en la elección del gobierno del estado. Es decir que, si hoy se eligió a un hombre como gobernador, en la siguiente elección obligatoriamente los partidos sólo presenten candidatas mujeres. Con razón ciertas voces del feminismo han criticado este tipo de iniciativas como una forma de extensión del machismo, vestido o disfrazado de un logro feminista, porque en el fondo lo que estaría provocando es extender los periodos de los gobernadores que imponen a sus esposas en el gobierno. El problema en sí no consiste en que un gobernante enloquezca y quiera hacer tonterías, sino esta propensión a entender el gobierno como un patrimonio personal, como en las monarquías o en las más rancias formas de patrimonialismo de la edad media o de organizaciones políticas previas a la existencia del estado mismo. El asunto es el uso patriarcal del gobierno como propiedad personal; como si se tratara de un patrimonio propio. Es una visión ultra ranchera, rancia, artesanal del poder. La movilidad política del país se garantizó durante el viejo régimen con el impedimento de la reelección. De esa manera, ningún gobernante tenía éxito en su pretensión de perpetuarse en el poder por muy carismático que fuera o muy buenas intenciones y resultados que tuviera. Lo intentaron muchos en su momento, pero el propio sistema lo evitaba, porque además se le impedía al gobernante en turno heredar el poder a sus allegados. Al menos no era la regla del sistema político en el nivel local. Regularmente la sucesión se decidía desde el centro y aquel presidente que había ungido al gobernador de algún estado, ya no estaba cuando en el nivel local se decidía la siguiente sucesión, lo que garantizaba la circulación de las élites. Este tipo de reformas también pueden estar dirigidas a invalidar a los opositores de los gobiernos en turno. Al exigir que esta elección sea de hombres y la siguiente de mujeres, de un plumazo se elimina a la mitad de la población elegible en su intención de competir por el gobierno. ¿Y qué tal si los electores quieren elegir mujeres durante los próximos cien años? En una reforma de este tipo, ninguna mujer podría aspirar a suceder a la actual presidenta. Sería una aberración. Es contrario a la idea democrática de la equidad en una contienda y, principalmente atentaría contra la noción de que el pueblo decide soberanamente sobre el perfil de sus gobernantes y el destino de sus gobiernos. En el fondo hay una mala definición de la equidad de género. Las instituciones deben propiciar la participación paritaria y el acceso de las mujeres a las candidaturas de todos los niveles: mitad y mitad. De manera que no haya sobre representación por falta de acceso a las posibilidades de participar. Sin embargo, debe ser el electorado, invariablemente, quien decida si hay más hombres o mujeres en los puestos de representación. El gobernador de San Luis, fiel a la idea autoritaria con la que presentó la iniciativa dijo ahora que “la va a vetar”. Seguramente forma parte de las negociaciones con las que el Verde venderá su apoyo a la reforma que va a presentar el gobierno federal. Aquí en la reforma electoral estará el legado del actual gobierno. Aquí vamos a ver el lugar que quieren ocupar en la historia.
La Voz de Michoacán
